Cataluña: un Estado por Cástor Díaz Barrado

La decisión de algunos políticos catalanes de suscitar ahora, con toda intensidad, la cuestión de la independencia de Cataluña resulta muy inoportuna, tanto en términos políticos como en el plano económico. No hay razones ni motivos que justifiquen posiciones de este tipo y la reivindicación de un pacto fiscal no deja de ser una mera excusa para ocultar, entre otras cosas, la mala gestión durante tantos años de diversos gobiernos en Cataluña. Pero no debemos engañarnos, la secesión es una realidad internacional y puede suceder en cualquier lugar del planeta. La voluntad política es la que determinará, en último término, si el territorio de un estado se desgaja o no de dicho estado. En todos los casos, hay que valorar, sin embargo, el contexto y las circunstancias en las que se podría producir un hecho así. En el caso de Cataluña no se dan ni los elementos políticos ni las condiciones jurídicas que justifiquen la creación de un estado soberano e independiente. Si tuviera lugar la independencia sería un acto no sólo de irresponsabilidad sino, también, de falta de perspectiva y, a la postre, un sin sentido. Jurídicamente la secesión de Cataluña no es posible con las actuales normas en vigor. Ni el Derecho español, ni el de la UE ni el Derecho Internacional permiten, en modo alguno, que se desgaje un territorio del Estado español, por lo que es verdad que, en términos jurídicos, es una quimera. La UE ha dejado claro, en sus tratados, que corresponde a cada estado las cuestiones relativas a su integridad territorial y que la Unión respetará las decisiones que se adopten por cada uno de sus miembros. No cabe, por tanto, una Cataluña independiente en el seno de la UE salvo que el Estado español estuviese de acuerdo. Está claro, por lo demás, que la generosa Constitución de 1978 establece un marco y organización territorial en la que no caben estados soberanos e independientes sino que, como se sabe, prevé un sistema territorial autonómico que ha generado que España sea el Estado más descentralizado de toda Europa. La independencia de Cataluña supondría una violación flagrante del ordenamiento jurídico español que no podría ser aceptada conforme a este ordenamiento y, por lo tanto, tampoco por el ordenamiento de la UE. Pero, asimismo, el Derecho Internacional no permite la secesión de Cataluña. La integridad territorial de España está garantizada por normas internacionales y no se dan los elementos que, en su caso, podrían permitir la separación de un determinado territorio. España es un Estado democrático, en el que se respetan plenamente los derechos fundamentales y, en particular, los derechos de las minorías lingüísticas. Proclamar la independencia de Cataluña y, hacerla efectiva, atentaría contra las normas básicas de convivencia en la sociedad internacional contemporánea. Así es, pero, desafortunadamente, las decisiones políticas pueden caminar en dirección contraria al Derecho. Confiemos en que no sea así en Cataluña.