Autonomías del PP y el PSOE contra el coste de la «ley Aído»

La Ley del Aborto, que entró en vigor el pasado 5 de julio, no sólo suscita el rechazo político e ideológico por parte de numerosas comunidades. También genera reparos económicos en muchas de ellas por el alto coste que representará para sus arcas públicas la aplicación del texto. Y en este terreno no existen diferencias partidistas: autonomías, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE, han trasladado al Ministerio de Sanidad y Política Social su preocupación por el asunto en reuniones internas celebradas en el madrileño Paseo del Prado. Una de ellas se produjo a puerta cerrada en el departamento que dirige Trinidad Jiménez el pasado 25 de mayo, a poco más de un mes de la entrada en vigor definitiva del texto legal, en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud, el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica. El acta de la reunión, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, recoge las quejas expuestas por los representates de Castilla-La Mancha, Canarias o Baleares, entre otros. ImpactoEl director del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, aprovechó el encuentro para reiterar al número dos de Trinidad Jiménez, José Martínez Olmos, su malestar por el «impacto de cuatro millones de euros, no presupuestados», que la norma tendrá en el archipiélago. «O bien este gasto se incorpora a la cartera de servicios o, en su defecto, esta comunidad se verá abocada a no poder aplicar esta ley, dado su impacto económico», según recoge el acta. No sólo el representante canario expresó sus quejas en la reunión. El secretario general de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha, Carlos Barrios, compartió «los argumentos del representante de Canarias en relación a la financiación, haciendo algunas consideraciones sobre el coste estimado de esta prestación para su comunidad, que rondaría los cuatro millones de euros, considerando necesario que en las memorias económicas de estos proyectos –en alusión a los dos reales decretos que desarrollan la Ley de Interrupción del Embarazo– quede reflejado el coste estimado de esta prestación», recoge el documento. Julio Miguel Fuster, representante de las Islas Baleares (también gobernadas por el PSOE), manifestó asimismo su preocupación «por el tema de la financiación», señalando que «el coste estimado por esta prestación en su comunidad estará entre 1,5 y dos millones de euros».«Escasa antelación»Pero los problemas económicos no acapararon sólo las críticas de las consejerías en esa reunión. Belén Prado, viceconsejera de Madrid, mostró su rechazo a los dos decretos que desarrollan la ley y aprovechó para expresar «su malestar por la escasa antelación con la que han sido facilitados». Esta opinión fue compartida por otras comunidades del Partido Popular, como Galicia, Castilla y León e, incluso, por las socialistas Baleares y Andalucía. Su viceconsejero, Enrique Cruz, estimó que «el tiempo dado para el estudio de los proyectos ha sido corto». La calidad de estas normas –o la falta de ella– suscitó también reparos de Cataluña, por entender que hay aspectos mal elaborados sobre «la protección jurídica de los profesionales», Madrid, Valencia o Galicia.