Huelga de estibadores

España defenderá en el Tribunal de Luxemburgo la Ley de Financiación de RTVE

El Gobierno español está dispuesto a dar la batalla para mantener la legalidad de la Ley de Financiación de RTVE, que ha sido denunciada hoy por la Comisión Europea. Ante esta decisión, publicamos el comunicado íntegro del Ministerio de Presidencia.

Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia
Ramón Jáuregui, ministro de Presidencialarazon

Comunicado del Ministerio de Presidencia:

Ante la decisión tomada hoy por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea de presentar ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso de incumplimiento contra España por la Ley de Financiación de RTVE, el Ministerio de la Presidencia reitera, desde el respeto a las decisiones de la Comisión, la posición del Gobierno de España con respecto a la compatibilidad de esta ley con la normativa europea, y así lo defenderá ante el Tribunal de Luxemburgo.

El actual modelo de financiación de la televisión pública estatal, cuya aceptación por los ciudadanos es evidente, parte de la contribución razonable y equitativa a la Corporación por parte de aquellos actores económicos que se benefician de la supresión de la publicidad en la cadena pública. Es el caso de las televisiones privadas, pero también de los operadores de telecomunicaciones que difunden contenidos audiovisuales en los que se insertan contenidos publicitarios. La figura jurídica de la contribución para sostener un servicio público está contemplada en el ordenamiento comunitario.

Además, la Ley de Financiación de RTVE no vulnera la Directiva de Autorización comunitaria, porque la contribución de las operadoras de telecomunicaciones no se extiende a todas ellas, sino sólo a las que difunden contenidos audiovisuales. Por lo tanto, esta contribución de las operadoras de telecomunicaciones no puede considerarse como una doble imposición. La propia Comisión Europea no descarta la imposición de tasas a este tipo de operadores cuando el hecho imponible no es exclusivamente la condición de operador de comunicaciones electrónicas.

España espera, como ha sucedido recientemente en la Sentencia C-85/10 sobre materia audiovisual (canon del espectro) que el Tribunal de Justicia reconozca la autonomía fiscal de nuestro país y declare la compatibilidad del gravamen con el derecho comunitario, y para ello trabaja ya la Abogacía del Estado.