Bilbao

Ares: la reorganización de los escoltas no está relacionado con un posible tregua de ETA

Dice que responde a una "evaluación de riesgos"que se está realizando y asegura que no es "un problema de ahorro".

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha afirmado que se está reorganizando el servicio de seguridad a las personas amenazadas por ETA en base a una evaluación de "riesgos"y ha negado que esta medida esté relacionada con la posibilidad de una próxima tregua de la organización terrorista o que sea "un problema de ahorro".

De esta manera, se ha referido a la denuncia de la Asociación de Escoltas del País Vasco, que ha criticado la retirada de protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos. 

"Estamos haciendo una evaluación de riesgos de la personas que tenían y tienen protección. Y en base a esa evaluación de riesgos y de los cambios que se van produciendo en las situaciones de cada una de las personas protegidas, se van tomando decisiones", ha señalado Ares, quien ha añadido que "no es un problema de ahorro".

El titular de Interior ha señalado que "puede haber y, de hecho", hay personas que tenían una responsabilidad institucional o política o en empresas que "ahora no la tienen". "Por lo tanto, en base a la evaluación de riesgos, lo que se hace es reorganizar el servicio para ser lo más operativos y prestar servicio en base al nivel de riesgo que cada una de las personas tiene teniendo en cuenta su situación actual", ha indicado.

Tras precisar que no iba a facilitar detalles que puedan "no ser adecuados"para garantizar la seguridad de las personas porque, precisamente, su objetivo es garantizar la "máxima seguridad"de todas aquellas personas que "objetivamente tienen riesgo". "Nuestra obligación es reorganizar los servicios para proteger a todas las personas que, con la evaluación de riesgos, es necesario proteger, sabiendo que, mientras ETA no desaparezca, la amenaza de ETA es sobre muchísima gente y tenemos que ir ajustando y adecuando permanentemente los operativos", ha añadido.

Ares ha manifestado que están trabajando en esa reorganización de los servicios en contacto con los colectivos afectados y con los responsables de esos colectivo, como partidos políticos, judicatura, empresas, etc.

El titular de Interior ha manifestado que el objetivo es ser "lo más operativos y eficaces"en los servicios que se prestan y ha precisado que, en algunos casos, se están implantando "otro tipo de servicios"o algunos complementarios al de escoltas.

Ares ha señalado que "nunca"se podrá llegar a cubrir todos los riesgos del conjunto de las personas amenazas por ETA, pero ha indicado que hay que hacerlo "con un criterio lo más riguroso de análisis de riesgos"y siendo "lo más operativos posibles"para garantizar "la máxima seguridad"en Euskadi.

Ares ha asegurado que esta reorganización no tiene "nada absolutamente que ver"con la posibilidad de una próxima tregua de ETA, tal y como ha apuntado la asociación de Escoltas.

"Yo no voy a entrar en polémicas con nadie, comprenderán que desde el ministerio del Interior y desde el Departamento de Interior no nos muevan posiciones de defensas particulares, sino que somos los que con más responsabilidad tengamos que analizar estas cosas", ha apuntado.

Ante las críticas de esta asociación por la medida adoptada, ha señalado que se está procediendo a la reorganización con toda la "responsabilidad que requiere"la situación.

Ares ha añadido que la evaluación de riesgos tiene que hacerse "periódicamente"teniendo en cuenta la situación del terrorismo y, especialmente, atendiendo a la "situación personal, el grado de responsabilidad, dedicación y variación de las responsabilidades"en cada una de las personas amenazadas.

Tras insistir en que no van a facilitar "datos imprudentes", ha reiterado que estarán en contacto con los responsables de partidos políticos y distintos colectivos e instituciones para realizar estas evaluaciones "permanentes"de riesgo, así como, en su caso, con las personas afectadas.

Ares ha manifestado que es un tema "muy delicado"y por ello ha reclamado "responsabilidad"a los partidos políticos y todas las organizaciones profesionales o sindicales y que no distribuyan documentación que "no sea oportuno hacerlo".