Grecia
El grifo del crédito seguirá cerrado
El Banco de España alerta de que la debilidad de la economía obstaculizará aún más la financiación este año. Las familias logran reducir su morosidad pese a la crisis.
La evidencia de la debilidad de la economía española se traduce en incertidumbres que todavía pesarán este año a la hora de obtener financiación y que, por ello, dificultarán el acceso al crédito. Es decir, el grifo seguirá cerrado en 2011. Así lo advirtió ayer el Banco de España que, a través de su boletín de estabilidad financiera correspondiente a mayo, apuntó que «no cabe esperar una recuperación significativa» del crédito para el sector privado en los próximos meses.
El organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordoñez señala que, pese a la relativa recuperación del crédito para actividades diferentes de las de construcción y promoción inmobiliaria, las dudas aún existentes sobre la economía real y la situación de los mercados financieros internacionales complican la concesión de créditos.
En este sentido, el Banco de España subraya que, aunque 2010 cerró con un descenso en la morosidad del crédito de las familias y empresas, la ratio de dudosos sigue la senda alcista debido a los sectores de la construcción e inmobiliario, cuya mora experimentó un leve repunte a finales del pasado año. Un incremento que afectó en particular a las cajas de ahorros.
Según apunta este organismo, para estas entidades, el 46% de la inversión total en empresas de construcción y promoción inmobiliaria «es potencialmente problemática». En cualquier caso, valora que las entidades de depósito españolas han saneado sus balances desde el comienzo de la crisis, «en un entorno muy complicado», por un importe equivalente al 9% del PIB.
La crisis de deuda soberana
El organismo alude también a los episodios de tensión que se han vivido en el mercado de deuda soberana de la zona euro, cuyo «epicentro», según la entidad, fueron los problemas acaecidos en Irlanda a finales de 2010. Para el Banco de España, esos problemas tuvieron «un efecto de contagio sobre el sector bancario español que fue notable, poniéndose en cuestión la calidad de los balances bancarios, y en particular de los activos más vinculados al sector inmobiliario».
La lectura de este organismo pasa así por reconocer que la crisis de deuda soberana de los países periféricos de la zona del euro, que llevó a la intervención de Grecia, Irlanda y Portugal, puso a las entidades españolas en una cuerda tensa, en medio de grandes dificultades para financiarse. De este modo, identifica que fue en noviembre de 2010 cuando se produjo «un momento álgido». Para el Banco de España, el programa de consolidación fiscal y de reformas estructurales, así como las nuevas medidas adoptadas en el terreno bancario, han contribuido a que la confianza, es decir, «el diferencial soberano, haya evolucionado en España de manera favorable».
El organismo recuerda que los nuevos requisitos de capital exigidos a las entidades llegarán a través de ampliaciones de capital o de la salida a bolsa, aunque, afirma, «está comprometido para aportar los recursos necesarios». Pone así una nota optimista al decir que «la entrada de inversores privados debería contribuir a disipar las dudas de los mercados sobre las entidades españolas».
La Xunta recurre ante el TC el decreto de cajas
Madrid- La Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto que obliga a una recapitalización de Novacaixagalicia. Según la consejera de Hacienda de Galicia, Marta Fernández Currás, la normativa impone una «recapitalización abrupta de las cajas de ahorro y vulnera las competencias de Galicia». Asimismo, encuentra «vicios de inconstitucionalidad en la norma, que además calificó como la más restrictiva «del mundo» en cuanto a regulación del sistema financiero.
De este modo, apunta que recurrirá al TC por la «vulneración del principio de seguridad jurídica». El decreto, que a su parecer «bancariza las cajas de ahorro», tampoco es válido para el BNG y el PPDG, pero coincieron ayer en criticar que la consejera acudiera al Parlamento, según ambos partidos, «para certificar la muerte de Novacaixagalicia». Fernández Currás denunció que el Gobierno ha «discriminado» a estas entidades.
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