Juicio final a los genocidas jemeres

Los Jemeres Rojos son responsables del exterminio de una cuarta parte de la población de Camboya entre 1975 y 1979, cuando cerca de dos millones de personas murieron en una «utopía agraria» de inspiración maoísta. Los acusados, los únicos que quedan vivos de entre los más estrechos colaboradores del líder Pol Pot, tienen entre 79 y 85 años. Son cuatro ancianos desdentados que quizá no vivan para conocer su sentencia y quienes afrontan el proceso sin haber mostrado arrepentimiento.

El tribunal que los juzga, un órgano compuesto por camboyanos y expertos extranjeros, es un experimento de justicia internacional, tutelado y financiado por la ONU. En los cinco años que ha durado la instrucción, ha ido perdiendo credibilidad y rebajando expectativas. Las buenas intenciones con las que desembarcó en Phnom Penh han acabado empantanadas en los problemas que arrastra Camboya desde que salió de su particular Holocausto: la corrupción, los abusos y la impunidad de sus turbios líderes políticos, unidas a la negligencia en la gestión de fondos humanitarios.

Entre otras cosas, el proceso se ha entorpecido varias veces para dilatar la entrega de los sueldos y las dietas que paga Naciones Unidas. Para hacerse una idea, basta pensar que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia gastó 600 veces menos por cada acusado. Por si fuera poco, el actual primer ministro, Han Sen (jemer rojo en su juventud) ha evitado que se juzgue a cargos intermedios y a decenas de criminales contra quienes se han reunido pruebas más que suficientes. Si el tribunal estaba pensado para dar una lección de justicia, lo que la población ha percibido es lo mismo que llevan casi dos décadas viendo: corrupción con dólares llovidos desde el extranjero. Eso y cuatro ancianos desdentados que casi nadie conoce.