El Gobierno facilitará a los ciudadanos los gastos de los altos cargos

MADRID-El próximo Consejo de Ministros aprobará el proyecto estrella de la Vicepresidencia para este periodo parlamentario: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En tiempos de ajustes, que acabarán de concretarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se conocerán el 30 de marzo, este viernes el Ejecutivo enseñará de nuevo la cara más amable y popular del paquete de reformas prometido para el primer semestre del Gobierno Rajoy. De ejecutarse lo prometido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno acercará a España a algunos de los países más avanzados en la política de abrir la ventanas y las puertas de sus «cocinas» institucionales a la opinión pública.

Entre otras medidas, la norma acabará con el velo que todavía hoy sigue acompañando a algunos gastos corrientes administrativos. Traducido de la teoría a la práctica supone que, si hay petición formal, Moncloa o el departamento afectado estará obligado a dar información detallada sobre el coste de viajes del presidente o de un ministro; de sus delegaciones; del gasto en cuestiones de protocolo...

La Ley de Transparencia regulará la publicidad activa de la Administración y también el derecho de los ciudadanos a acceder a la información elaborada por las administraciones en el ejercicio de sus funciones públicas.

Y afectará a todas las administraciones públicas, al Estado, por supuesto, pero también a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Y a la actividad sujeta al derecho administrativo de los demás poderes del Estado, del Legislativo y del Judicial.

Este ejercicio de transparencia irá acompañado de un régimen sancionador, tanto en el citado ámbito administrativo como en el orden penal, en el que se fijarán los márgenes de los responsables públicos sobre lo que pueden hacer con lo que es de todos y lo que no podrán seguir haciendo a partir de la aprobación de la nueva norma. Ahora bien, la tipificación penal del nuevo delito con el que se castigarán las facturas en los cajones, no cumplir el déficit o gastar por encima de los presupuestado no irá detallada en este anteproyecto legislativo, sino que se tramitará por otro lado por afectar al Código Penal.

Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma legal que el viernes bendecirá el Consejo de Ministros servirá para traducir las recomendaciones éticas y códigos morales en obligaciones jurídicas. Entre las innovaciones que incluirá, está, por ejemplo, la de que se someterá su propio texto a una audiencia pública durante su elaboración, poniéndolo a disposición de los ciudadanos a través de las webs institucionales del Gobierno para que puedan aportar sus sugerencias. Esto tiene que ver con el principio de que sirva también para obligar a los gobiernos a dar información puntual de los proyectos legislativos en los que trabajan, incluso aunque estén en fase de borrador. En el ámbito de la Administración General desarrollarán un portal de la transparencia para difundir información y dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. En teoría, el objetivo es introducir un nuevo derecho en el ordenamiento jurídico, el que tiene el ciudadano a recibir cualquier información de interés público, con los únicos límites de la privacidad de los datos personales que afecten a terceras personas privadas o a la seguridad pública. Una promesa de regeneración que viene de lejos y que el Gobierno de Rajoy promete ahora que pondrá a andar este viernes con la vista puesta en contestar con ella a los escándalos de corrupción y despilfarro que copan el interés mediático.

Por otra parte, el Grupo Popular llevará el próximo martes al Pleno del Congreso la reforma de la Ley de Subvenciones para suprimir con carácter general todas las nominativas y aumentar la transparencia en la concesión de ayudas públicas, según informó el portavoz, Alfonso Alonso.