Cobrar por trabajar por Fernando de Haro

La convención que redactó la Constitución estadounidense estaba formada por colonos, terratenientes, comerciantes y, sobre todo, abogados. Cuando Alexander Hamilton en El Federalista explicó por qué los trabajos de ese congreso constituyente habían tenido éxito insistió en subrayar que los legisladores distinguían claramente entre los intereses privados y el interés público. Aquellos legisladores que fueron capaces de levantar la Carta Magna más estable de la democracia contemporánea se pagaban los gastos de su bolsillo. Ni los tiempos ni la complejidad de la vida política permiten soñar en volver a un sistema parecido. El gasto de dos millones y medio de euros en pensiones que va a realizar el Congreso este año, a pesar de la última reforma de Bono, no puede ser un pretexto para demonizar la profesionalización de la política. Pero sí es una buena oportunidad para repensar la relación entre diputados, partidos y electores. El paso por el Congreso durante menos de dos legislaturas no puede ser lo mismo que ganar una ínsula con rentas vitalicias. Pero, en el fondo, lo que nos preocupa de verdad a los votantes no es qué ganan los diputados antes y después de entrar en el Congreso, siempre que sea algo razonable. Lo que nos molesta y preocupa es cómo se lo ganan. El sistema electoral creado por la ley de la reforma política, que fue asumido en lo sustancial por nuestra Constitución, quería garantizar la estabilidad y favorecer los partidos fuertes. Quería corregir los desmanes de la II República. Pero ahora ya podemos confesarnos que ha generado una partitocracia insufrible. Los diputados ganan su sueldo y su pensión por el hecho de haberse integrado en el aparato. El sistema electoral alemán, sin contar con listas abiertas, permite al elector corregir las listas elaboradas por los partidos. Sin despeinarnos mucho podríamos aplicar esa fórmula en las asambleas de las comunidades autónomas. Sería un buen modo de empezar a corregir los defectos de nuestro sistema electoral.