La Junta discrepa con el Estado y rebaja a 3500 millones su deuda

Los más de 4.600 millones de euros que el Estado pide a la Junta de Andalucía a causa de la liquidación negativa de 2009 marcaron ayer la presencia andaluza en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Carmen Martínez Aguayo saluda a Elena Salgado, ayer junto a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas
Carmen Martínez Aguayo saluda a Elena Salgado, ayer junto a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, mostró abiertamente sus discrepancias con el Gobierno central y cifró la cantidad en 3.500 millones de euros «como mucho». Su argumento: el Estado gira liquidaciones que «no son conformes» a la aplicación del modelo de financiación, como por ejemplo la deducción de los 400 euros. Una medida que, si no se hubiera llevado a efecto, «los ingresos tributarios habrían crecido entorno al 1,7 ó 1,9 por ciento y no un punto y medio menos, con lo que se produce una merma», sostuvo.

A su juicio, «las decisiones del Estado no deben repercutir en los ingresos de las comunidades autónomas por el principio de lealtad institucional», sostuvo Aguayo, tensando aún más la cuerda al aseverar que no se han aplicado correctamente las entregas a cuenta de este año, obviando los fondos de Competencia, Convergencia y Competitividad.

Mientras, las voces críticas no cesaron desde la oposición. La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, criticó que la Administración autonómica «ha triplicado su deuda en los tres últimos años» y propuso que el déficit de 4.600 millones de euros se pague con los solares de la deuda histórica. «Si sirvieron para cobrar, también deben servir para pagar», señaló Oña, no sin antes recalcar que muchos de ellos son «inútiles e insolventes». La dirigente popular recordó que esta operación «la hicieron con nosotros y la defendieron los socialistas como buen forma de pago, por lo que ahora debe seguir siéndolo», al tiempo que criticó que «Andalucía no se puede empobrecer más ni perder 4.600 millones de euros, ya que las consecuencias las pagarán las familias». Sin embargo, esta opción ya la apuntó Aguayo cuando estaba abierta la negociación con el Estado sobre la deuda histórica, aunque posteriormente la negó. Ayer volvió a hacer lo mismo y atribuyó la propuesta al «desconocimiento del modelo». «La iniciativa no tiene cabida en este contexto, concretamente el que marca la Ley 22/2009 que fue aprobada en el Parlamento andaluz», matizó.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, aseguró que el «sí crítico» que el Gobierno andaluz llevó a la reunión del CFFF es un «engañandaluces» y una «tontería», interpretada como «una sumisión a las imposiciones» por parte del Gobierno central que «perjudican claramente los intereses» de la comunidad.

Regla de gasto

A su juicio, «no se puede aceptar» la regla de gasto que «quiere imponer el Gobierno central» al ser «muy perjudicial» para la región.
«El déficit –apuntilló– no es un santuario ni un Dios ante el que haya que plantear rendición», máxime «cuando los planteamientos del Gobierno central juegan contra los intereses y las posibilidades de crecimiento de la comunidad autónoma», remarcó, para criticar que la reunión fue un «auténtico fracaso».


La liquidación de la deuda histórica sigue siendo un asunto tabú
La Junta no quiere pagar el déficit que el Estado cifra en 4.600 millones de euros con solares de la deuda histórica, pero tampoco da a conocer qué movimientos se han realizado para liquidar los 784 millones de euros que pactaron para candelarla. Tal y como publicó LA RAZÓN el pasado 13 de febrero, el Gobierno andaluz se niega a informar sobre el traspaso de los solares. Una operación que acabó con un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del PP.