El PP exige al Gobierno que informe en el Congreso de la ampliación de SITEL

Ayer LA RAZÓN informó de que el Ejecutivo había licitado como contrato de obra de reforma y ampliación de la sala técnica lo que en la adjudicación se revelaba como la contratación de un software. Es decir, que no cuadra el tipo de contrato y la empresa adjudicataria, ni tampoco su coste y la partida presupuestaria reservada en 2010 para SITEL.

Los populares exigen al Gobierno, entre otras cosas, que aclare cuántas empresas participaron en el procedimiento negociado sin publicidad, por qué ha sido adjudicado a una empresa de software y consultoría, cuáles son las prescripciones que van a regir la realización de la prestación o si el objeto del contrato es la adquisición de nuevo software. En concreto, literalmente el proyecto licitado es de «obras de reforma y ampliación de la Sala Técnica SITEL», y la empresa elegida es INGECIBER, S. A., una firma especializada en ingeniería asistida por ordenador.

La polémica sobre las escuchas y su custodia se arrastra desde el pasado otoño, cuando el PP puso voz a la denuncia de que el sistema empleado por las Fuerzas de Seguridad del Estado para interceptar comunicaciones e identificar a sus usuarios no contaba con los controles suficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos. El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, firmante de la batería de preguntas arriba citadas, defendió en las Cortes una proposición no de ley en la que se pedía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la regulación de SITEL. Fue rechazada por la mayoría de la Cámara liderada por el PSOE.

Pero el principal partido de la oposición no renuncia a dar por perdida esta batalla, en la que le acompaña, por cierto, la Asociación de Internautas. Sus dudas las comparten también voces destacadas del ámbito judicial, como el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, quien llegó a elevar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, un informe en el que le indicaba que SITEL había sido utilizado sin cobertura jurídica alguna, y que el Reglamento aprobado un año más tarde de su puesta en marcha era insuficiente, pues la Constitución exigía que se regulase mediante ley orgánica.

Pedro Martínez señaló ayer a LA RAZÓN que la noticia sobre el contrato de una empresa de software para ampliar SITEL pone en evidencia sus dos principales problemas: la falta de transparencia y la ausencia de una normativa jurídica que regule con celo la interceptación de comunicaciones y su desarrollo. «El Gobierno tiene todo el derecho del mundo a contar con un software de espionaje, y a no desvelar cuestiones de Estado, como quién está sometido a seguimientos para perseguir un presunto delito, pero los españoles tienen derecho a saber lo que se contrata, cuánto cuesta ese software y a quién se le paga el dinero, por ejemplo».