Los ERE falsos apuntan al Consejo de Gobierno: las actas «no son secretas»

El auto desmonta en seis páginas toda la argumentación jurídica de la Junta, que defendía que la solicitud era «indiscriminada». «Entendemos que la falta de motivación no existe», dice la Audiencia. «Las diligencias acordadas lo fueron en virtud del oficio que la Policía Judicial remitió al órgano jurisdiccional (...) al que se acompaña informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía». La Audiencia hace propio los razonamientos de la instructora: «El examen de la documentación aportada permiten entender de forma suficiente los motivos por los que se dicta y la necesidad de la medida, pues de ellos puede inferirse que los fines de la diligencia acordada van dirigidos a comprobar si las distintas consejerías y el Consejo de Gobierno de la Junta tenían o no conocimiento del posible incumplimiento por la Agencia IDEA –antiguo IFA– y organismos implicados, de las distintas obligaciones derivadas del procedimiento establecido en el decreto sobre régimen presupuestario, financiero de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía».

Una vez más, los informes de la Intervención General resultan claves. Se trata del máximo órgano de control de la Junta, y sus advertencias de que se estaban tramitando subvenciones excepcionales «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» no se atendieron. Emitió hasta cinco informes con el mismo aviso y el sistema para el pago de las prejubilaciones se mantuvo. La juez quiere saber el motivo y el auto ampara la petición de las actas para conocer si el Consejo de Gobierno adoptó «algún tipo de medida o acuerdo dirigidos a corregirlos, y a la vista de la diligencia poder en su caso depurar presuntas responsabilidades penales de quienes por acción u omisión autorizaron o permitieron tal fórmula de financiación». Alaya ya aclaró en su auto que investiga «si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación de conformidad con el artículo 404 del Código Penal».

La Audiencia entiende que la vía abierta por la titular del juzgado de Instrucción número 6 no es «arbitraria ni caprichosa» y respeta la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía ya que «lo declarado reservado son los documentos y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas». También recuerda otro aspecto que ha omitido la Junta y es que el auto puntualiza que «sólo incorporará a la causa aquellas actas que sean relevantes para la investigación».

La Junta insiste: el conflicto lo tiene que resolver el Tribunal Supremo
La Junta de Andalucía manifestó su «sorpresa» ante la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla y aseguró que no tiene conocimiento de esta resolución. En cualquier caso, no le dió trascendencia ya que entiende que la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Fuentes de la Junta manifestaron a Europa Press que dicho conflicto ha sido planteado por el Ejecutivo y que todavía «no ha sido tramitado» por el juzgado de Instrucción número 6.

La juez anunció que suspendía su tramitación hasta que la Audiencia se pronunciara, una actitud muy cuestionada por el Ejecutivo de José Antonio Griñán «ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización». Por ese motivo, la Junta espera que el Tribunal de Conflictos se pronuncie y que el juzgado remita las actuaciones, pues sería «absolutamente contrario a derecho no tramitar el conflicto». De hecho, el Supremo ya ha designado un ponente para que tramite el recurso promovido por la Administración andaluza. Las 480 actas reclamadas por Alaya se encuentran en un armario acorazado custodiado porl a Guardia Civil y vigilado las 24 horas del día en el juzgado de guardia de Sevilla.