Responsabilidad por José María Marco

José Ignacio Wert ha anunciado su voluntad, firme al parecer, de conseguir que el castellano llegue a ser lengua vehicular en las comunidades autónomas con lengua propia. Con ocasión de esta declaración de intenciones, el ministro ha hecho algún comentario acerca de la relación de la enseñanza con procesos supuestamente independentistas. Sin duda se trata de un asunto candente, pero el ministro debería adelantar argumentos de otra índole, que plantearan la cuestión de la enseñanza en castellano en sus justos términos, que no son precisamente los de la secesión de una región de España.
Desde esta perspectiva, lo más relevante es que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio, incluidos, claro está, aquellos territorios que tienen otra lengua cooficial, además del castellano. Lo relevante aquí es que el castellano es tan cooficial como la lengua del territorio en cuestión y que el Estado no cumple la ley, ni se atiene al sentido común, si no garantiza el derecho de los niños españoles a cursar sus estudios en el idioma oficial de la nación o el Reino de España. Nadie está poniendo en duda el derecho de los niños que viven en un territorio con lengua propia a recibir la enseñanza en ese idioma. No hay aquí la menor animadversión hacia el catalán, el vasco o el gallego. Al contrario, como lenguas oficiales que son, está claro que el Estado (o la Comunidad Autónoma correspondiente) tiene la obligación de enseñar esas lenguas y ofrecer una enseñanza en esos idiomas. Por lo mismo, también debe hacerlo en el idioma común a todos.
Los españoles no nacionalistas no gustamos de las exclusiones, mucho menos de las exclusiones lingüísticas, y apreciamos en lo que vale –que es como decir lo que vale España– la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. Estamos contentos y orgullosos de que en España se hable, se escriba y se enseñe en varios idiomas, además del castellano. Sabemos que el gallego, el catalán y el vasco son idiomas tan españoles, tan nuestros, como el castellano, y somos conscientes de que estos idiomas forman parte del caudal común de nuestra cultura y nuestra identidad, incomprensibles sin ellos. Como es lógico, ninguna lengua puede ser excluida de este patrimonio. Que durante tantos años el Estado se haya olvidado de lo que eso quiere decir es signo de debilidad. Equivale a proclamar que ese mismo Estado no está dispuesto a cumplir la legalidad que constituye su razón de ser. En cualquier caso, más vale dejar de lado los comentarios hipotéticos para asumir cada uno su propia responsabilidad. Es difícil apelar a la responsabilidad de los demás si uno no cumple la que le corresponde.