PSOE e IU el silencio «proactivo»

La primera reacción municipal fue reprobar al popular Gregorio Serrano por sugerir las comisiones ilegales.

Con el respaldo de Torrijos, fue Alfredo Sánchez Monteseirín quien inventó, frente a las críticas de Zoido, que el Ayuntamiento y la Junta mantienen una actitud «proactiva» en Mercasevilla
Con el respaldo de Torrijos, fue Alfredo Sánchez Monteseirín quien inventó, frente a las críticas de Zoido, que el Ayuntamiento y la Junta mantienen una actitud «proactiva» en Mercasevilla

SEVILLA- Hace algo menos de dos años, a finales de marzo de 2009, que el concejal del Partido Popular Gregorio Serrano sugería en un Pleno ordinario, a modo de ejemplo, que en el Ayuntamiento se estaban exigiendo comisiones «en maletines olvidados en despachos» a los empresarios para llevar a buen puerto sus proyectos. En los bancos del Gobierno local, PSOE e Izquierda Unida montaron en cólera y reclamaron a la oposición una rectificación que limpiara de toda sospecha su gestión en el Ayuntamiento. Pocos días después, esta demanda se diluía en el estallido del «caso Mercasevilla», al confirmarse que la Fiscalía estaba investigando la grabación realizada por dos hosteleros del Grupo La Raza al entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, en la que sumaban 150.000 euros a los 300.000 que les habían solicitado en una reunión anterior para la adjudicación de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.


Confirmaciones
Desde entonces hasta ahora, socialistas y comunistas han reivindicado su actitud «proactiva» ante el escándalo, pero su estrategia real ha oscilado entre el silencio y la ocultación. De hecho, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y su socio Antonio Rodrigo Torrijos reunieron con urgencia, un día después de aquel Pleno de marzo de 2009, a la junta de Gobierno local para reprobar a Serrano por sus insinuaciones, aunque a la jornada siguiente tuvieron que dar la razón al edil popular al admitir que conocían desde principios de febrero la grabación sobre el intento de soborno y la investigación del Ministerio Público.

En los meses siguientes, cuando la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, empezaba a tirar del hilo y a imputar –a los directivos del mercado central, al entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira–, el Ejecutivo municipal continuó acallando un asunto que Maribel Montaño, en aquella época portavoz gubernativa, se empeñaba en denominar «caso Mellet» y no «Mercasevilla».

Socialistas y comunistas siempre se han negado a que el Ayuntamiento se personara en la causa, pese a que el PP lo reclamó en Pleno y a que la apertura de nuevas diligencias –por la venta presuntamente fraudulenta de los terrenos del mercado y por supuestos delitos societarios– ofreció sucesivas oportunidades. Sólo permitieron que Mercasevilla, como empresa semipública, actúe como acusación particular siguiendo los pasos de la Fiscalía, más que nada para evitar las críticas por inacción ante el saqueo de la compañía.

Uno de los momentos álgidos en esa operación municipal para atemperar el escándalo fue la expulsión de la oposición de Mercasevilla, con el argumento de ahorrar costes en una sociedad en crisis. De paso, PSOE e IU evitaban que el PP accediera fácilmente a información que confirmaba la gestión desastrosa, y muchas veces delictiva, al frente de la institución.

Al PP se le negó la voz en Mercasevilla en virtud de la misma mayoría «de progreso» que en el Ayuntamiento le ha rechazado sus tres peticiones para la creación de una comisión de investigación, la primera en abril de 2009 y la última en noviembre pasado, cuando el escándalo adquirió dimensiones andaluzas al detectarse «intrusos» en los expedientes de regulación de empleo (ERE) del mercado y en muchos más.

El Gobierno andaluz heredó del local su reivindicada actitud «proactiva», porque fue un responsable autonómico –el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá– quien llevó la grabación de La Raza a la Fiscalía. Mientras, el PSOE deniega en el Parlamento andaluz una indagación política al mismo ritmo que lo hace en el Ayuntamiento, con el apoyo de IU. Hoy, el PP plantea en el Pleno, por cuarta vez, la creación de una comisión investigadora, pero nada indica que socialistas y comunistas vayan a ceder.