Los ayuntamientos llegan a los comicios asediados por las deudas

A pesar de la heterogeneidad de los municipios andaluces, muchos comparten problemas y reivindicaciones acumuladas durante una legislatura marcada a fuego por la crisis económica. Los candidatos en liza esperan que hoy las urnas marquen un nuevo camino entre tantas apreturas financieras, competencias asumidas de otras administraciones y nuevas tasas que complican el ya difícil escenario municipal.

Competencias

«Los ciudadanos no entienden de competencias. Si tienen un problema acuden a la administración más cercana, que es el Ayuntamiento». La frase ha sido pronunciada alguna vez por los alcaldes de los 771 consistorios de Andalucía. Los entes municipales se ven abocados, ante la lentitud de la Junta y del Estado, a llevar a cabo infraestructuras y políticas que no son de su responsabilidad. Tal es el caso de actuaciones en materia sanitaria o educativa. Muchos ayuntamientos han construido colegios y centros de salud, han ofrecido ayudas a la dependencia e incluso han realizado arreglos en carreteras, mientras otras instituciones miran hacia otro lado. Los regidores exigen una delimitación clara de competencias para que cada administración tenga claro su ámbito de actuación y, si el Consistorio invade el terreno de otra institución, ésta pague lo realizado.
Algunos regidores llegan a cifrar en un 30 por ciento las competencias que ejecutan y que no son propias. Un porcentaje excesivo que acentúa la precaria situación financiera que están atravesando desde hace meses.

Deuda

La crisis está provocando que la deuda de los ayuntamientos se dispare. Supera los 33.000 millones de euros a nivel nacional, a los que hay que añadir otros casi 10.000 millones de débito de las empresas públicas municipales. Sin apenas presupuesto para inversiones, el dinero que queda en las arcas se dedica a pagar a la plantilla y poco más. Tres de los diez ayuntamientos más endeudados de España están en Andalucía. Se trata del de Málaga (su deuda asciende a 743 millones de euros), Sevilla (700 millones) y Córdoba (244 millones). Algunos, como el de la capital hispalense, han tenido que acometer operaciones de refinanciación ante el déficit tan abultado.

Además, los proveedores están dando la voz de alarma porque tardan demasiado en cobrar las facturas. La llamada «ley antimorosidad» de diciembre de 2004 establecía que la Administración tenía la obligación de efectuar los abonos dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expedición de las facturas. Una reciente modificación rebajó este plazo hasta los 30 días. Sin embargo, lo habitual es que los consistorios paguen uno o dos años más tarde. Por ello, ya hay empresas que no han dudado en protestar frente a los ayuntamientos para reclamar lo que les corresponde. Incluso, otras que dependen directamente de las administraciones locales han tenido que cerrar debido a la ausencia de liquidez.
Algunos consistorios ya han llegado a situaciones límite, como el de Jerez de la Frontera.

Endesa ha cortado el suministro eléctrico en varias ocasiones a algunas sedes municipales, como la de Urbanismo. Los continuos impagos han provocado esta situación.
El reto tras los comicios será el de dar una respuesta satisfactoria a los proveedores que, pacientemente, esperan a las puertas de los ayuntamientos. Tal será el aluvión de reclamaciones que los nuevos equipos de gobierno tendrán que buscar fórmulas extraordinarias para aumentar los ingresos.

Financiación

El debate está latente desde la constitución de los ayuntamientos democráticos. El ex presidente de la Junta Manuel Chaves pospuso la búsqueda de fórmulas que permitieran dotar a los ayuntamientos de más financiación. Su sustituto, José Antonio Griñán, ha abordado el asunto con dos leyes: la de autonomía local y la de participación en los tributos autonómicos.

La primera establece una nueva arquitectura municipal, asignando a los ayuntamientos 29 competencias propias. La norma prioriza la financiación incondicionada sobre la finalista, una de las peticiones más recurrentes de los consistorios para la previsión de sus presupuestos. En relación a la participación en los tributos autonómicos, la ley establece un fondo que se nutre de los ingresos tributarios. La previsión de la Junta es que alcance los 600 millones de euros en 2014, muy por debajo de los que reclamaron el resto de los partidos de la oposición.
Las normas están teniendo un desarrollo desigual. Si bien el pasado martes el Consejo de Gobierno autorizó anticipos de tesorería por un importe de más de 960.000 euros a siete ayuntamientos andaluces, otros reclaman más rapidez a la Junta en los pagos enmarcados en esta última línea.

Nuevas tasas

Los ayuntamientos gobernados por el PP han dado la voz de alarma. Denuncian que, con la nueva Ley de Aguas que ha entrado en vigor este mes, la factura puede subir hasta un 400 por ciento de media general. La ley obliga a los consistorios a cobrar el impuesto, aunque la Junta no les otorga ninguna capacidad de gestión o control sobre el suministro de agua.

En la factura se incluyen cánones de mejora de infraestructuras de interés de la comunidad, de regulación y tarifa de utilización de aguas, de infraestructuras de competencia de los municipios y de servicios generales para financiar la estructura administrativa de la Agencia del Agua. Estas tasas disparan la cuantía de las facturas.

Tras una tumultuosa tramitación en el Parlamento andaluz, un total de 113 ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PP, formalizaron un recurso que fue rechazado por el Consejo Consultivo de Andalucía. Sin embargo, recogió un voto particular de dos consejeros que consideraban que numerosos aspectos del texto vulneran la Constitución y la autonomía local.

Por tanto, los consistorios contrarios a la norma volvieron a formalizar otro recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la ley vulnera la Carta Magna al menoscabar la autonomía de los municipios e impone a los ayuntamientos nuevos impuestos.

Pero no sólo apoyaron este recurso los ayuntamientos populares. También algunos del PSOE, como el de Posadas o el de Almargen, aunque éste dio marcha atrás a última hora. Jódar, en manos de IU, y Marchena, del PA, también secundaron la propuesta.

Parón inmobiliario

La construcción era una vía primordial para la financiación de los ayuntamientos. Sin embargo, la crisis económica ha provocado un parón en el sector que se está dejando notar, y mucho, en las arcas municipales. Los ayuntamientos otorgan cada vez menos licencias de obra y los promotores privados apenas apuestan por construir viviendas porque la demanda ha bajado exponencialmente.

Pero esta situación no sólo es exclusiva del sector privado. Los propios consistorios ya no promueven tantas viviendas de protección oficial e, incluso, la licitación de obra pública ha bajado hasta límites preocupantes. Los ayuntamientos prefieren invertir el poco dinero del que disponen en políticas más cercanas al ciudadano, dejando de lado infraestructuras y edificios de envergadura. Igualmente, la venta de suelo ha caído en picado. Los ayuntamientos disponían de este instrumento para engrosar sus arcas en una época en la que se cotizaba al alza la construcción. Ahora, los municipios están cercados por solares despreciados por el contexto económico.