Las trituradoras por Cristina López Schlichting

Si el «caso Morín» afectase a los intereses de la izquierda, el actual juicio contra el ginecólogo estaría en la portada de los medios, día sí y día también. Porque la historia de un médico que trituraba los restos de los abortos ilegales y los arrojaba al alcantarillado es uno de los sucesos más mediáticos que he conocido en mi carrera. Por el contrario, como revela en toda su crueldad los tejemanejes de la industria abortista española, pasa cuidadosamente desapercibido. Qué hipocresía. Carlos Morín, ginecólogo cubano, tenía tres clínicas abortistas en Barcelona y se hizo de oro cobrando entre 450 y 6.000 euros por aborto. Vivía ostentosamente, compraba coches y viviendas de lujo y, pese a las numerosas denuncias, la consejera catalana de Sanidad, Marina Geli, siempre lo protegió y negó cualquier irregularidad. Fue una periodista danesa, alarmada por el «turismo abortivo» de mujeres de avanzada gestación, la que grabó con cámara oculta un escandaloso reportaje en el que el propio doctor explicaba sus técnicas. Carlos Morín llevaba a cabo abortos en embarazos a término y fetos de siete y ocho meses. Para ello se amparaba en el supuesto de «peligro para la salud de la madre» falseando documentos y ecografías. Esta semana han declarado en el juicio los guardias civiles que registraron las clínicas y que, entre las numerosas pruebas, encontraron la instalación para las trituradoras industriales, escondida bajo los lavabos.
Cualquiera pensaría que, puesto que el «caso Morín» no es ni mucho menos el único de clínicas irregulares en España, las autoridades reaccionarían reforzando las leyes para proteger mejor al feto. Todo lo contrario. El Gobierno Zapatero sustituyó la ley que permitía abortar en casos de violación, malformación fetal o peligro para la vida de la madre por la que permite el aborto libre hasta las 14 semanas y, en caso de discapacidad del feto o peligro para la madre, hasta el último día del embarazo. El coladero perfecto para fetos de gran tamaño. Actualmente, pues, el aborto es en España un extraño «derecho» universal y el feto puede ser eliminado hasta el momento del parto si se aduce discapacidad. Y si se tienen trituradoras para eliminar restos molestos de fetos sanos, claro.