El Gobierno y el PSOE salen en tromba para desacreditar al juez Ruz

 El Gobierno y el PSOE, preocupados por las consecuencias políticas del «caso Faisán», aparcaron ayer el tradicional respeto del que hacen gala sobre las decisiones judiciales, tras conocer el auto de procesamiento por colaboración con ETA de la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2006. Varios miembros del Ejecutivo, algún ex ministro de Felipe González, dirigentes de los socialistas vascos y el candidato del PSOE a La Moncloa salieron ayer en tromba a defender la honorabilidad del ex vicepresidente primero y de su cúpula policial en 2006, fecha en la que se produjo el chivatazo a ETA, y, por ende, a desacreditar la labor del novel juez Pablo Ruz en el «caso Faisán».

Y es que en el seno del Ejecutivo se ha extendido el temor de que, al final, se reproduzca la situación del «caso Gal» y se pueda sentar en el banquillo alguno de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz o alguno de los miembros del Gabinete de Zapatero. Amén de la «lógica» inquietud que genera las consecuencias políticas del caso.

De ahí las descalificaciones que ayer vertieron sobre Ruz diversos dirigentes socialistas.
El primero, el candidato a La Moncloa. Después de ampararse viernes tras viernes, al término del Consejo de Ministros, en el debido respeto a la independencia de la Justicia, Rubalcaba dejó ayer en la cuneta esta regla no escrita para arremeter contra Ruz y su auto de procesamiento por colaboración con ETA del «número tres» en 2006 de Interior, el por entonces director general de la Policía Victor García Hidalgo, el actual jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

En declaraciones a RNE, descalificó el trabajo del magistrado, al advertir «fallos jurídicos» en el auto. En su opinión, el único motivo por el que se habla de este caso es porque él fue el titular del Interior en el momento de los hechos que se investigan y hoy candidato socialista a La Moncloa.

Para despejar cualquier sombra de duda sobre su no intervención en el «caso Faisán», el ex vicepresidente aseguró que «no hay nada de lo que me tenga que arrepentir, porque haya hecho una cosa mala a sabiendas o torticeramente».

Tras recordar que sólo llevaba un mes al frente de la cartera del Interior cuando se produjeron los hechos, aseguró que el problema no es «Camacho, sino Alfredo», en alusión al actual ministro. La ofensiva de Rubalcaba chocó ayer con el silencio del flamante titular del Interior, que tiró balones fuera sobre el caso, con la excusa de que, al ser el ministro del ramo, «ni puedo ni debo hacer ningún tipo de declaración sobre un asunto que se está investigando judicialmente».

Sin duda, el ministro de la Presidencia fue el más duro a la hora de descalificar al juez Ruz. Ramón Jáuregui, cargó las tintas contra el instructor al considerar el auto una «suma de indicios especulativos», por lo que espera sea revocado. A su juicio, es «sencillamente disparatado» el procesamiento por colaboración con ETA de «personas que llevan toda su vida luchando» contra la banda.

José Barrionuevo dio un paso más, al criticar los procesamientos en el «caso Faisán» y acusar a Ruz de intentar sustituir socialmente al «impresentable» de Baltasar Garzón, que, en su día, investigó el «caso Gal». «Aquellos barros traen estos lodos», alertó el ex ministro del Interior. Mientras, el portavoz del PSE-E, José Antonio Pastor, sacó pecho por García Hidalgo, de quien dijo sentirse orgulloso, tras considerar «un poco fuerte» su procesamiento.

Este aluvión de descalificaciones del magistrado mereció la condena del presidente del PP, quien mostró el respeto de su partido por las decisiones judiciales, «sean las que sean y nos gusten o no». Acto seguido, Mariano Rajoy advirtió al Gobierno de que debe «dar explicaciones y decir la verdad» sobre el «caso Faisán», informa Efe. Por eso reclamará a Camacho, en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que diga «si conocía o no la actividad del director general de Policía o si actuaba por libre y sin que lo supiera el secretario de Estado de Seguridad».