La Fiscalía mete prisa a la juez y quiere que cite ya a los imputados

SEVILLA- A la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos se le acumula el trabajo. A los miles de folios del sumario y a los más de 50 imputados, se le suman las prisas de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado que «a la mayor brevedad» posible cite a declarar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, ambos imputados en la causa, todo ello al objeto de «avanzar» en la investigación.
En un escrito elevado ayer ante el Juzgado instructor, Anticorrupción pone de manifiesto que, en un auto dictado el pasado día 27 de enero de 2012, la magistrada citó a declarar el próximo 23 de febrero al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, «pero sin embargo no se señala fecha para la declaración en sede judicial» del resto de personas cuya imputación se detalla.
En el auto referido, la juez Mercedes Alaya imputó en el procedimiento a otras 18 personas –el total de imputados supera ya la cincuentena–, entre ellas, además de Márquez y Rivera, al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y al que fuera director comercial de Vitalia Vida, Antonio Albarracín, además de abogados de Garrigues y de Estudio Jurídico Villasís.
La Fiscalía interesa que «a la mayor brevedad se señale calendario de declaraciones» de todos los imputados a los que se hace referencia en el auto con el objetivo de «avanzar en la investigación y concretar las imputaciones», al menos en las piezas separadas correspondientes «a las ayudas públicas» en los ERE de las empresas Río Grande, Surcolor, Calderinox, Acyco y Aglomarados Morell.

El ex chófer
La Fiscalía, que solicita también la práctica de «diversas» diligencias «como complemento» de las ya practicadas por la Policía Judicial en torno a las cinco empresas antes referidas, también hace referencia a las diligencias ordenadas por la juez instructora para «averiguar otras ayudas obtenidas» por sociedades «en las que sea partícipe» el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína «para su jefe y para él».
En este sentido, Anticorrupción pide, como diligencias «complementarias a las ya acordadas», que se investiguen «otras empresas creadas» por el ex chófer del alto cargo durante el mandato de éste como director general de Trabajo, como por ejemplo Sapphire Grupo Empresarial S.L., «y la relación de ésta y de las restantes empresas de Juan Francisco Trujillo con otras empresas de la trama».
También reclama que se recabe del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla testimonio de la demanda presentada por la aseguradora belga Apra Leven contra la Junta, a la que reclama el pago de 36 millones de euros, así como de los documentos que acompañen a la demanda y de la contestación a la misma de la Administración, ya que «en los mismos pueden obrar documentos de interés para esta causa».

Dudas de un expediente aportado por la Junta
La Fiscalía detalla que el contenido del expediente administrativo de ayudas a Marco de Estudios y Proyecciones Siglo XXI –una de las empresas investigadas– aportado por esta misma sociedad al TSJA «no coincide con el expediente que sobre todas las ayudas dadas a esa empresa aportó en su día la Junta». Marco de Estudios reclamó vía judicial una subvención del «fondo de reptiles» concedida y no pagada. El Alto Tribunal negó esta solicitud. Ante esta divergencia, propone que se requiera a la Junta para que aporte «tanto el expediente de la concesión de la ayuda no abonada a tal empresa –objeto del recurso– como aquellos otros expedientes de concesión de ayudas directas a empresas no abonados.