Impuestos ideológicos

Las comunidades socialistas se han lanzado en las últimas semanas a una espiral de subida de impuestos con un doble objetivo. Por un lado, se trata de aumentar la recaudación para cubrir los rotos financieros de su gestión y, por otro, esa vuelta de tuerca fiscal tiene un claro componente ideológico. El mensaje del Gobierno tras el tijeretazo social de que los que más tienen deben realizar un mayor esfuerzo ha sido recogido por las administraciones periféricas del partido con rapidez. Hay una intención de trasladar a ese electorado militante, agotado y desencantado por los planes de ajuste contra los pensionistas, los dependientes y los funcionarios, que el PSOE quiere levantar todavía la bandera de la justicia impositiva para que los ricos no se vayan de rositas en esta crisis y que corran también con los gastos del descalabro. Por esa razón, los gobiernos del PSOE más a la izquierda se han apresurado a anunciar subidas del IRPF para, en teoría, los que más poseen. Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura han decidido aplicar un nuevo tramo para las rentas superiores a 120.000 euros, 100.000, 80.000 y 60.000, respectivamente. De esas cuatro administraciones, en Cataluña y Asturias las mayorías socialistas están en manos de la izquierda extrema, lo que pone de relieve el objetivo electoralista y demagógico de las propuestas. En cualquier caso, estamos ante iniciativas simplistas, que serán ineficaces en el capítulo de la recaudación por su relativo impacto financiero, y estériles como lavado de imagen para un partido que perdió hace tiempo la batalla de la confianza y la credibilidad incluso entre sus votantes. El apoyo de la gente no se gana con propuestas coyunturales e improvisadas para salvar la cara, sino con rigor. Las administraciones socialistas tienen alternativas serias para sanear las cuentas como es la reducción de sus estructuras, absolutamente desajustadas a las necesidades y las urgencias actuales. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, se cargaría de autoridad moral y de razones si se aplicara el tijeretazo a un organigrama de Gobierno que es el más voluminoso y caro de España. Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura tienen en su mano dar ejemplo de austeridad y de sacrificio a la sociedad antes de exprimir a los ciudadanos y ahuyentar a los capitales tan necesarios cuando la economía no va. Es tan sencillo también como seguir los pasos de la Junta de Castilla-La Mancha, única administración del PSOE que ha tomado ese camino. La mayoría de los socialistas, sin embargo, cree más en asfixiar al contribuyente, especialmente a las clases medias, que en apretarse el cinturón de verdad. No es lo justo, ni siquiera lo eficiente, pero es lo más sencillo. El Gobierno andaluz ha dispuesto nuevos impuestos a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico de un solo uso y la aplicación del denominado «céntimo sanitario», y el de Asturias quiere explotar los impuestos de Sucesiones o Transmisiones. La apuesta por la presión fiscal para aliviar las graves urgencias financieras es un error porque la reactivación económica y la confianza de los ciudadanos necesitan estímulos e incentivos, no yugos ni confiscaciones.