La Junta tardó dos meses en cubrir un puesto en el juzgado del «caso Mari Luz»

Con esta sentencia, la Justicia ha puesto punto y final a un caso que comenzó el 13 de enero de 2008, cuando la menor onubense salió a comprar golosinas a un quiosco cerca de su casa. 54 días después, su cadáver apareció flotando en el muelle de la ría de Huelva. El «caso Mari Luz» puso al descubierto la estructura oxidada del sistema judicial. La Judicatura se remangó las togas y los funcionarios fueron a la huelga. El día que Santiago Del Valle asesinó a Mari Luz debería haber estado cumpliendo condena firme por abusos a su propia hija. El juez Tirado, multado con 1.500 euros, dijo que nadie le informó de la tramitación de la orden de ingreso en prisión para Del Valle que firmó en marzo de 2006. La secretaria judicial del Penal número 1 de Sevilla también fue sancionada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

Sobre lo que ocurrió en el juzgado de lo Penal de Sevilla para que se produjera el trágico error hay numerosas interrogantes. Sin embargo, el resultado de la queja de oficio que abrió el Defensor del Pueblo en mayo de 2008 y al que ha accedido LA RAZÓN, despeja muchas de estas interrogantes y salpica directamente a la Junta de Andalucía.

En un escrito remitido al secretario general para la Justicia en junio de 2009, el Defensor pone de relieve, tras analizar «los sucesivos y complementarios informes» remitidos por la Consejería, que desde que el 9 de febrero de 2007 cesó el funcionario titular del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa hasta que el 12 de abril se incorporó otra persona interina para cubrir la vacante, «transcurrieron más de dos meses sin que que se nos hayan acreditado –pese a nuestra insistencia– las actuaciones que al respecto hubiesen realizado los órganos competentes de la Consejería para la adecuada cobertura de la vacante». Esto supuso un aumento de la acumulación de sentencias en un juzgado en el que entraban anualmente 517 causas, frente al módulo de 450 recogidas por el CGPJ. Más aún teniendo en cuenta que sólo hay ocho funcionarios en un juzgado de lo penal: dos gestores, cuatro tramitadores y dos de auxilio. A los que se suman el juez y el secretario.

Además, según recoge el escrito del Defensor, «no consta que la funcionaria interina, que vino desempeñando el puesto de trabajo desde el 12 de abril de 2007 hasta que en noviembre de 2007 se incorpora el titular por concurso, tuviera formación específica en las funciones asumidas».

El Defensor deja claro que la Junta reguló el procedimiento de selección y nombramiento de personal interino mediante la Orden de 15 de febrero de 2006, conforme al que se procedió a la cobertura de este puesto, pero «con un retraso evidente, máxime teniendo en cuenta que la vacante se produjo por un concurso de traslado, debido al agotamiento de la bolsa de trabajo del Cuerpo correspondiente». Pese a que la Administración debería haber tenido la bolsa al cien por cien, «en el momento en el que se produjeron los hechos analizados dicha cifra estaba situada en el 30 por ciento para todos los cuerpos excepto el de Médicos Forenses, por lo que el agotamiento de las mencionadas bolsas era más que previsible».

La institución remitió al secretario general para la Justicia tres recomendaciones, que fueron posteriormente acatadas por la dirección general de la Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación. La primera, que adoptara «las medidas necesarias para la provisión con regularidad de los medios personales necesarios en las oficinas judiciales para el funcionamiento de la Administración de Justicia», para «evitar que se produzcan circunstancias como las descritas en los antecedentes de estas actuaciones promovidas de oficio, en las que se había demorado la cobertura de forma interina del puesto de trabajo del Cuerpo de Gestión Procesal en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla». La segunda, que para tratar de agilizar los trámites para la dotación de cada uno de los grupos y para la cobertura de puestos de trabajo «se utilicen los medios tecnológicos a los que se refiere la Orden (de 8 de abril de 2009)».

Finalmente, «que para casos como el que nos ocupa, donde la persona seleccionada provenga de bolsa del cuerpo inferior o bien directamente del SAE, «se habiliten los procedimientos para la formación». Esto lo intentó arreglar la Junta con la firma de un convenio entre la Consejería de Justicia y el Servicio Andaluz de Empleo para la formación de personal interino.


Justicia apuntó sólo al juez
Desde que trascendió que Del Valle debería haber estado cumpliendo una condena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito de abusos sexuales, el Gobierno andaluz miró exclusivamente al juez Tirado, al que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial abrió un expediente de falta muy grave por desatención. De hecho, la entonces titular de la Consejería de Justicia, María José López, atribuyó lo ocurrido a un «error personal» del magistrado.