Política económica necesaria por Juan E Iranzo

El deterioro de las condiciones económicas de la UEM y, más concretamente, el agravamiento de la crisis de la deuda han conducido a una recaída del PIB. El principal canal de transmisión en esta ocasión ha sido el agotamiento de la financiación procedente del exterior. No obstante, el año próximo las reformas puestas en marcha comenzarán a ofrecer sus frutos y, con la ayuda de un entorno exterior más favorable, las condiciones económicas internas comenzarán a mejorar paulatinamente. En el contexto actual, la recuperación de la confianza en la solvencia de la economía española es fundamental, y para ello es necesario cumplir con la senda de equilibrio fiscal comprometida con Europa y aprobar unos Presupuestos para 2013 realistas y rigurosos que no dejen margen para la duda en cuanto al compromiso con respecto al objetivo de la consolidación presupuestaria. En este sentido, el escenario macroeconómico para 2013 contemplado en los mismos, que apunta hacia una estabilización de la economía, se puede calificar de adecuado si se aplican las reformas estructurales anunciadas por el Gobierno para incrementar el potencial de crecimiento.

La credibilidad de los Presupuestos no sólo depende del escenario macroeconómico de partida, sino de las estimaciones de los ingresos que se sustentan sobre el mismo, así como de las previsiones de gastos de las partidas sobre las que el Gobierno tiene menos capacidad de determinación, es decir, las pensiones, las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda. En cuanto a las pensiones y las prestaciones por desempleo, las previsiones de gasto contenidas en el documento presupuestario han sido realistas y en el caso de los intereses de la deuda, la partida reservada está algo sobrevalorada, lo que permitirá compensar algo la desviación de los ingresos previstos si se producen. Como resultado final, los gastos totales pueden situarse en línea con las cifras contenidas en los PGE-2013. En cualquier caso, es necesario un cambio de orientación en la estrategia de consolidación presupuestaria seguida hasta ahora. Se debe llevar a cabo una profunda reforma de la Administración pública, del sistema de gestión del personal y de las prestaciones sociales. La consolidación fiscal debe seguir siendo una de las prioridades del Gobierno. Tras la desviación en la liquidación de los Presupuestos de 2011 y el probable ligero incumplimiento con el objetivo de déficit para 2012, se hace más necesario que nunca frenar la espiral déficit-deuda que condiciona la credibilidad de la economía española. Teniendo en cuenta que la opción de subidas de impuestos debe estar, a estas alturas, prácticamente agotada, es necesario ahondar en políticas de reducción de gasto, particularmente, del gasto corriente. Existe suficiente consenso sobre que las consolidaciones fiscales más eficaces son las que se centran en la reducción del gasto no productivo y no en las subidas impositivas.

La previsión de gastos no financieros del Presupuesto Consolidado (es decir, del Presupuesto que integra al Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y otros entes públicos de la Administración central del Estado) asciende a 305.532 millones de euros, un 2,2% más que en los PGE-2012. Si incluimos las partidas de gasto por operaciones financieras, el gasto total se eleva a 382.049 millones de euros, superior en un 5,5% a lo presupuestado en los PGE-2012. No obstante, el crecimiento de esta última cifra es fruto del aumento de la partida destinada a amortización de la deuda pública, que crece en 12.299 millones de euros. El incremento del gasto no financiero también está relacionado con el peso de la carga de la deuda, ya que la partida destinada al pago de intereses se dispara un 33,7%. Se estima que la recaudación del Estado junto con la de los organismos autónomos, la de la Seguridad Social, la de las agencias estatales y la de otros organismos públicos ascenderán a 271.466 millones de euros, lo que implica una contracción de los ingresos consolidados del 1,8% en relación al presupuesto inicial del año anterior. A pesar de que el aumento esperado de los ingresos resultantes de las operaciones no financieras, que representan el 98% del total de los recursos consolidados, experimentan un crecimiento del 0,9%, éste no será del todo suficiente para compensar la posible contracción que se advierte en varios capítulos del presupuesto de ingresos.

A las ineludibles reformas del sistema financiero y de medidas de consolidación fiscal deben impulsar otros aspectos importantes para mejorar la competitividad de nuestra economía. Un buen punto de partida debe ser la necesaria reducción de cotizaciones sociales, en este aspecto el Gobierno debe ir más allá de lo anunciado, y en el año 2014, la reducción debería ser de cinco puntos. Asimismo, el Gobierno ha anunciado que presentará una ley de emprendedores, que debe actuar para liberalizar, facilitar y potenciar la actividad emprendedora, desde la creación hasta la expansión e internacionalización de las pequeñas empresas. Otros aspectos importantes en los que el Gobierno debe centrarse debe ser en la de eliminar las trabas administrativas del sector público, dentro del cual deben estar medidas como la simplificación de los trámites y la garantía de la unidad de mercado, que fomente la competitividad y la expansión de las empresas por el territorio nacional con menores costes administrativos. Además, se debe incidir en la simplificación real de los trámites y la reducción del tiempo de apertura de empresas.