El Govern «presiona» a los magistrados del TSJC para que avalen la inmersión lingüística

Barcelona- La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, convocó ayer por la tarde a todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciutadans, para mostrar su consenso alrededor de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, y también para intentar presionar a los 24 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Estos jueces se reunieron para deliberar sobre la discriminación del castellano en las aulas, pero su decisión final se postergó hasta hoy.

Los magistrados tienen pendiente emitir su fallo sobre el recurso presentado por la Generalitat en septiembre, el cual defendía seguir con la inmersión lingüística en las escuelas y de paso seguir desobedeciendo las sentencias judiciales que obligan al Govern a dejar de discriminar al castellano en la enseñanza. No se llegó a ninguna conclusión entre los magistrados y en teoría hoy debería comunicarse el fallo, según fuentes judiciales.

Después de la reunión con los partidos, Rigau convocó una rueda de Prensa, que no llegó ni a los diez minutos de duración, y se limitó a decir que era «optimista» de cara al fallo del TSJC, pero que quería esperar hasta hoy para ofrecer una valoración definitiva. La consejera insistió en mostrar su «respeto» ante esta inminente decisión judicial, pero cabe recordar que, en septiembre, cuando el TSJC dio un plazo de dos meses para convertir al castellano en lengua vehicular en los colegios, Rigau tardó pocas horas en comunicar que creía en el modelo de inmersión lingüística, y que, por lo tanto, no pensaba acatar la sentencia.

Los partidos convocados mostraron su apoyo al Govern, incluyendo al diputado del PSC Daniel Font, quien aseguró que el Tribunal Supremo (TS) «no tiene competencias para modificar las leyes del Parlament». Las otras formaciones que refrendaron la política lingüística de la Generalitat fueron ERC e ICV. No obstante, y antes de su comparecencia ante los medios, Rigau explicó a LA RAZÓN que «para defender nuestra política nos basaremos en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) –que está recurrida por el PP y pendiente de resolución–, y además soy optimista». «Si no va bien, recurriremos al Constitucional», añadió.

Un complejo asunto judicial que no puede hacer olvidar que el TSJC está deliberando basándose en varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) que obligan a la Generalitat a equiparar catalán y castellano en las escuelas. Los gobiernos catalanes de los últimos 30 años, tanto los de CiU como los del tripartito, han defendido que el catalán sea la única lengua vehicular en la escuela.