Jubilados municipales piden a Fley que se «autosuspenda» el premio

SEVILLa- La polémica sobre la supresión del premio extraordinario a los jubilados municipales con la pensión más alta ha provocado un enfrentamiento con la delegada de Hacienda que por ahora sólo tiene visos de solucionarse en los juzgados. Los miembros de la Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Sevilla (AJAS) conocieron por este diario que Asunción Fley cobra un «premio anual» al margen de sus emolumentos de concejal que compensa parcialmente la reducción retributaria con respecto a su anterior puesto de funcionaria. Según fuentes municipales, sus ingresos se redujeron «en más de un 30%» desde junio de 2011.

Para AJAS este «premio» no tiene razón de ser, puesto que «la remuneración de un cargo público es única y en ella se engloban todos los conceptos, como se recoge en el artículo 87.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público que literalmente dice: «Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que le correspondan como funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento».

El secretario de la asociación, Antonio Barea, insiste en que Fley accedió al cargo de forma «voluntaria». «¿Es legal compatibilizar el premio con una remuneración que es única y, por tanto, también topada, y no lo es para los jubilados en relación con la pensión máxima que perciben? ¿Se informó favorablemente por el Secretario General y el Interventor de Fondos esta compatibilidad?», se pregunta, recalcando que «lo correcto sería que la Delegada de Hacienda se autosuspendiera el premio y lo sometiese a informe como hizo con el de los jubilados».

A juicio de Barea, «la falta de previsión de las consecuencias que la decisión adoptada puede acarrear superaría el ámbito administrativo. Si el premio que percibimos los jubilados es una pensión complementaria y ésta se viene abonando desde hace muchos años contrariamente a lo que establecen las normas sobre topes de pensiones, ¿cómo cabría calificar una disposición de fondos para un fin no previsto en las leyes, abonados, además, a sabiendas de que eran ilegales a juicio del Ayuntamiento? Éste ha puesto sobre la mesa un puzle cuyas piezas sólo pueden encajar si, como viene defendiendo nuestra Asociación, a esta prestación se llama premio extraordinario».

AJAS denuncia además que «la aplicación a ultranza de los topes por los Servicios Económicos» está provocando casos que causan verdadero sonrojo: «Hay compañeros que, al restituirles el premio, le están abonando mensualmente 1,50 euros e incluso 0,50 euros. La confusión y la burla no hay que buscarlas en las leyes, sino en quienes las interpretan. Aparecer como hizo el alcalde afirmando que los mayores constituyen una prioridad es una expresión carente de credibilidad. Ningún premio, pensión o ayuda de cualquier otra clase, con esta escasa y ridícula cuantía es imaginable y causaría bochorno en un representante público».