La juez apunta a Griñán: conoció los informes que alertaban sobre los ERE

La juez Mercedes Alaya tiene pocas dudas. José Antonio Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, tuvo que conocer los informes de la Intervención General –órgano que dependía de su Consejería– en los que alertaba de que las partidas presupuestarias para pagar los expedientes de regulación de empleo (ERE) se estaban tramitando de forma ilegal.

La juez apunta a Griñán: conoció los informes que alertaban sobre los ERE
La juez apunta a Griñán: conoció los informes que alertaban sobre los ERE

«La Intervención General desde los informes de cuentas anuales y de cumplimiento correspondiente a los ejercicios 2002 y siguientes ha puesto de manifiesto de forma reiterada y explícita, tanto al consejero de Economía hoy presidente de la Junta, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a la cual pertenece la anterior, que con la utilización de esta figura –la transferencia de financiación– se ha estado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo adecuado que es el de la subvención excepcional, lo cual no sólo ha tenido consecuencias de forma sino de fondo».
Era previsible la respuesta de la juez al auto que la Audiencia Provincial dictó el 5 de julio por el que ordenaba que las actas del Consejo de Gobierno volvieran a la Junta. Un día más tarde, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla emitía el suyo. LA RAZÓN ha tenido acceso al mismo y en él la instructora explica de nuevo la trascendencia que para su trabajo tienen las actas, ya que de ellas se «extraería información relevante para aspectos esenciales de la investigación».
La mención directa al jefe del Ejecutivo andaluz es relevante, porque Griñán siempre ha negado que conociera los avisos del máximo órgano de control interno de la Junta. La actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo –viceconsejera cuando el presidente de la Junta ocupaba la cartera de Economía– afirmó públicamente que, pese a que iban dirigidos a él, ella los recepcionó y nunca les dio traslado.
La magistrada aclara también porque habla de consecuencias de fondo. La transferencia de financiación sirve para las actividades corrientes de una empresa –el IFA, luego Agencia IDEA–, por lo que esas partidas no se fiscalizan del mismo modo. Una subvención exige control previo al gasto y al pago, lo que hubiera imposibilitado la aparición de intrusos en los ERE y el desfalco de los fondos públicos autonómicos.
Para eso quiere consultar las actas: «Por si de las mismas se puede desprender alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público». Y advierte de que si no es así «se impediría la investigación de si tales hechos delictivos existieron».
En cuanto al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta, Alaya remite las actuaciones al Supremo, que decidirá si puede o no consultar las actas. Aunque lo tiene claro: no son reservadas ni secretas, tal y como lo ha dictaminado la Audiencia, por lo que el conflicto en sí carece de objeto. Aun así cumple y remite las actuaciones al presidente del tribunal de conflictos jurisdiccionales.
Sobre la custodia de las actas que ahora volverán a la Junta mantiene sus sospechas, ya que el Ejecutivo puede utilizar «su posición de custodio para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostentan o hayan ostentado cargos en la misma». Pese a ello, cumple con la decisión de la Audiencia y en una providencia de 7 julio dice que puede recogerlas cuando estime oportuno, previo aviso al Decanato y al secretario del juzgado para que levante acta.