La supervivencia de Europa está en juego. Su unidad política y su cohesión económica atraviesan horas críticas. Los próximos cinco días serán cruciales y todas las esperanzas están depositadas en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el viernes 9. Tras la esterilidad de las cumbres de julio y octubre, ya no hay tiempo para más ensayos. España no es ajena a la encrucijada y, en pleno traspaso de poderes, arriesga tanto su posición en el seno de la UE como su apoyo para salir de la crisis. Lo advirtió ayer el presidente electo, Mariano Rajoy, en sus primeras declaraciones desde la noche electoral, al afirmar que para hacer frente a los tiempos difíciles que se avecinan es necesario sumar fuerzas dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo cierto es que Europa vive el prólogo de una refundación sin la cual no habrá proyecto común. El Tratado de Lisboa, que hace sólo cuatro años reformó la Unión, ha sido arrollado por los acontecimientos y buena parte de sus fundamentos han quedado inservibles. También ha fracasado con estrépito la estructura de altos cargos creada para impulsar la gobernación y la política exterior comunitarias (nada más inútil que el papel de Van Rompuy o el de la baronesa Ashton), y hasta el mismo Banco Central Europeo ha sido puesto en el disparadero. La fuerza, la profundidad y la extensión de la crisis han cuarteado el edificio entero, de modo que sin una reforma integral acabará colapsando, y con él el sueño de una Europa unida y pujante. Compartir una misma moneda se ha revelado insuficiente si no se comparten también las demás reglas financieras y fiscales. No vale participar en los beneficios sin repartirse los sacrificios. En el club europeo ya no cabe que unos socios hagan de hormigas y otros de cigarras. No queda más alternativa, por tanto, que volver a fijar las reglas y el campo de juego, de obligado cumplimiento. Lo que traducido a hechos concretos supone fijar un techo de déficit y de gasto inamovibles; someter los presupuestos nacionales a aprobación comunitaria; armonización fiscal e impositiva; y penalizacion judicial y económica de los incumplidores. Todo esto supone que cada país debe renunciar a una parte sensible de su soberanía, pero ésas son las normas del club: o se aceptan o se da uno de baja. España no debe temer esta renuncia. Lo que debe temer es quedar relegada al furgón de cola, como un miembro de segunda. Rajoy ya ha dicho que quiere ir en el vagón de cabeza. Le corresponde al presidente en funciones batirse el cobre el día 9 para que España no pierda más posiciones. El Tratado de Lisboa supuso un retroceso para nuestro país con respecto al de Niza, que firmó Aznar en 2001. Sería un desastre que esta nueva reforma también perjudicara nuestros intereses y rebajara el rango que nos corresponde como la cuarta economía de la zona euro.