Bruselas será «flexible» a la hora de juzgar el déficit

BRUSELAS- Mientras la polémica continúa sobre si finalmente España podrá o no gozar de la recapitalización directa de la banca desde el fondo de rescate, la Comisión Europea tiene claro que intentará echar una mano al Gobierno en su objetivo de reducir el déficit público. Para ello, el Ejecutivo comunitario afirmó ayer que tendrá en cuenta el carácter «inevitable» de las ayudas a la banca a la hora de examinar las razones por las que su déficit ha escalado hasta el 9,4% en 2011, según reveló la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.

El «día D» es el próximo 7 de noviembre, cuando la Comisión Europea tiene que hacer públicas las previsiones económicas de otoño y su dictamen sobre los esfuerzos que ha hecho cada Gobierno en sus objetivos de lograr de nuevo el 3% de déficit como techo máximo. En esa fecha se conocerá además si Bruselas está dispuesta a dar otro aplazamiento a España en el cumplimiento de esa meta, una decisión que tendrá que ser ratificada, no obstante, por el Eurogrupo.

Ayudas a la banca
La propia oficina estadística ha apuntado que la revisión al alza del déficit español hasta el 9,4% en 2011, en lugar del 8,5% calculado anteriormente, se debe a las «pérdidas» en las ayudas a la banca y a las facturas impagadas por parte de las administraciones públicas pendientes de 2010. Ambas circunstancias, sin embargo, «ya estaban previstas» y «se tuvieron en cuenta» en julio pasado, cuando la UE concedió a España un año más, hasta 2014, en su hoja de ruta para la reducción del déficit, según informó el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor. «La Comisión reconoce la naturaleza inevitable y excepcional de estos gastos y tendremos plenamente en cuenta estos factores al analizar si España ha tomado o no medidas eficaces para corregir su déficit excesivo», dijo el portavoz.

Ajustes estructurales
De este modo, el Ejecutivo comunitario prestará más atención al esfuerzo de recorte del déficit estructural (que debe ser de 2,7 puntos porcentuales, según el compromiso asumido) que al cumplimiento del objetivo nominal para este año (el 6,3%), según especificó O'Connor. «Nuestra evaluación sobre si un Estado miembro ha adoptado medidas eficaces para corregir su déficit excesivo se centra ante todo en el cumplimiento del esfuerzo presupuestario estructural acordado con un Estado miembro para un año y no sólo ni especialmente en el objetivo nominal».

El portavoz comunitario declinó precisar si la Comisión Europea podría exigir a España que aborde nuevas reformas para reducir el desfase de sus cuentas públicas. «El estudio sobre España se está realizando en estos momentos», se excusó.

Bruselas ha pedido a España un esfuerzo presupuestario estructural –el que excluye las necesidades puntuales de una situación excepcional que no tiene por qué repetirse en el futuro– de 2,5 puntos de PIB en 2013 y de 1,9 puntos, en 2014. Con el fin de reconducir sus cuentas a la senda marcada en el Tratado de Maastricht.

Nuestro país tendrá un año de margen adicional para alcanzar esa situación. Para ello, tiene que cerrar este año con un déficit de 6,3%, que se reducirá al 4,5% el próximo año y al 2,8% en 2014, un año después de lo comprometido hasta julio. La Comisión sabe que reducir un 3,1% en 2012, en un marco de recesión, es una tarea casi imposible, y parece dispuesta por ahora a ser comprensiva.

La UE pide más control en las estadísticas que dan las comunidades
La oficina estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat, ha pedido a España que introduzca antes de finales de año «mejoras significativas» en su sistema de estadísticas, y en particular, mayor control sobre las estadísticas regionales, con el fin de evitar nuevos casos de facturas impagadas no registradas. El impacto en el déficit de estas facturas no contabilizadas de comunidades autónomas y ayuntamientos fue del 0,31% del PIB en 2011 (3.300 millones de euros) y del 0,21% en 2010 (2.100 millones), según Eurostat. La oficina estadística reclama acelerar y simplificar la recogida de datos, al tiempo que pide «rediseñarla» para que, entre otras cosas, el INE tenga «el derecho de acceder y recoger datos de sus fuentes primarias».