En libertad los dos empresarios acusados de vender helicópteros a Irán

La Sección Sexta de la Audiencia provincial ha tomado esta decisión en dos autos en los que estima los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Jaime Bedia y Pedro Torres contra la medida de prisión sin fianza adoptada por la instructora del juzgado número 5 de Navalcarnero el pasado mes de mayo.

La Audiencia critica esta decisión porque generó una "clara indefensión"en los imputados, que fueron acusados de dos delitos de contrabando, otro delito de contrabando en grado de tentativa y un delito de depósito de armas de guerra sin poder tener un "conocimiento claro y preciso de los hechos".

Es al delito más grave de todos, el de depósito de armas de guerra, al que los magistrados encuentran "las más serias objeciones", ya que, según explican, un informe del Ministerio de Defensa concluía que "entre los elementos observados no existen armas de guerra", un argumento que esgrimió en su recurso el letrado de Bedia, Jaime Sanz de Bremond. Incluso llegan a apreciar "indicios contrarios"a la comisión de este delito por parte de los empresarios en la gestión de los helicópteros.

En este sentido, consideran que sus abogados han acreditado que solicitaron permiso al Departamento de Defensa de Estados Unidos para transformar el uso militar de los aparatos a actividades civiles como la extinción de incendios, transporte de material con carga externa y operaciones de emergencia.

De ahí que el tribunal insista en que los indicios "carecen de la suficiente entidad como para justificar la imposición de medidas cautelares", mucho menos "la más gravosa"de todas como es la de prisión. Una "falta de solidez"que percibe también respecto a los delitos de contrabando, aunque puntualizan que "su total esclarecimiento requerirá de una mayor actividad investigadora".

Otras fianzas
En esta misma causa, denominada "operación Nam", la juez de Navalcarnero dejó en libertad bajo fianzas de entre 10.000 y 500.000 euros a otra persona española de origen iraní y a otros tres ciudadanos iraníes que habían llegado a España para cerrar un "negocio"de 100 millones de euros por la compra de nueve helicópteros Bell-212 con sus correspondientes repuestos.

Los nueve aparatos que la red desmantelada pretendía exportar ilegalmente a Irán, violando los convenios internacionales de comercio de armas, eran adquiridos como excedente del ejército israelí y trasladados en contenedores a España, donde eran reparados y puestos a la venta.

Durante la investigación, los agentes pudieron averiguar que la red, que se anunciaba en internet, también abastecía de piezas y material a Venezuela.