El PP promoverá en todos los municipios vetar el arraigo a los inmigrantes incívicos

BARCELONA- El civismo de los inmigrantes debe ser una condición imprescindible para que logren certificados como el arraigo social o el visto bueno a trámites como la reagrupación familiar. Ésta es la postura que el PP piensa defender en todos los municipios mediante mociones donde quieren instar al Gobierno a no conceder estos papeles a aquellos extranjeros que violan las ordenanzas municipales de civismo.
La postura del PP es una vieja reivindicación que inició Alberto Fernández en el Ayuntamiento de Barcelona. La tesis se ha impuesto en el conjunto del PP catalán, que está decidido a llevar esta iniciativa al Congreso, al Parlament y a los citados ayuntamientos.
En todos los plenos defenderán también el contrato de integración para inmigrantes, que quieren convertir en un requisito obligatorio para que los extranjeros puedan conseguir los papeles necesarios. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, explicó que un representante de su partido se dirigirá al Gobierno para que este requisito conste explícitamente en la Ley de extranjería
La moción que el PP ya ha presentado en varios ayuntamientos donde pide que la Ley de extranjería «establezca la necesidad de un informe emitido por el ayuntamiento de residencia, en el que se contemplen las infracciones de las ordenanzas municipales que regulen la convivencia y/o el civismo».

El precedente, en la campaña de 2007
- La exigencia del PP de que el civismo debe ser condición «sine qua non» para que los inmigrantes consigan papeles viene de lejos. En la campaña de las municipales de 2007, Alberto Fernández, ya lo propuso.
- El pasado octubre, Fernández presentó una propuesta en el pleno del Ayuntamiento para que el gobierno municipal emitiera «un certificado de convivencia» donde constara el cumplimiento de las ordenanzas municipales de los extranjeros para que tuviera efectos en el informe de arraigo y en la obtención de los permisos de residencia y trabajo. Todos los grupos votaron en contra. Ahora, el PSC defiende tesis muy parecidas en Hospitalet y Salt.