El «efecto avestruz» sacude a Tomás Gómez

Una vez más, ayer, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) hizo gala del doble rasero para medir las responsabilidades de los políticos. Tomás Gómez se negó a aplicarse lo que ha exigido hasta la saciedad a Esperanza Aguirre: la destitución de las personas sobre las que la Justicia tiene sospechas de que hayan cometido algún delito. En lenguaje coloquial se resume como «ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio». Un dicho que Gómez ha protagonizado cada vez que ha pedido la expulsión de los implicados en el «caso Gürtel» (ya retirados del partido y de sus cargos) y sin embargo, mantiene en todos sus puestos a su compañera de filas Trinidad Rollán, contra la que el Tribunal Superior de Justicia va a abrir juicio por prevaricación administrativa. El líder de los socialistas de Madrid afirmó ayer, en defensa de su compañera de filas, que tiene «plena confianza» en que en el «caso Patrimonio Siglo XXI», por el que está imputada por prevaricación su número dos, «no hay nada de nada», según recogió Europa Press. Con esta declaración Gómez zanjó la posibilidad de cesar a Trinidad Rollán que ostenta los cargos de secretaria de Organización del PSM, portavoz del PSOE en Torrejón y consejera de Caja Madrid. Tampoco asumirán responsabilidades políticas la diputada socialista en la Asamblea regional, Esperanza Rozas, y los trece ediles (muchos de ellos aún en activo) imputados junto a Rollán por prevaricación tras aprobar presuntamente –en 2001, cuando Rollán era alcaldesa del Torrejón– una permuta urbanística a pesar de que el secretario y el interventor municipal les advirtieron de que era ilegal. Sin embargo, ayer Gómez, lejos de ver la «viga en su ojo», decidió atacar a Aguirre con «Gürtel» al asegurar que «debe tener en cuenta dos cosas: que para todo en la vida, pero también en la política y también para gobernar, primero no hay que ser un cínico, y segundo, hay que ser buena persona». Prácticamente al mismo tiempo que el líder socialista pedía que se respetara el principio de presunción de inocencia para los suyos, los servicios jurídicos del PSM solicitaban por cuenta propia al juez la imputación de 40 altos cargos de la Comunidad porque afirman que han cometido delitos de prevaricación.