MADRID- Las clínicas abortistas ven peligrar su futuro. Por ello, solicitaron una reunión con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del ministerio, Sagrario Pérez Castellanos, que no sirvió para devolver la tranquilidad al sector. Las clínicas agrupadas en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explicaron que el aborto no es una de las prioridades actuales del departamento dirigido por Ana Mato y que no van a intervenir para solucionar las irregularidades que se están cometiendo.

En opinión de ACAI, los abortos se están practicando en hospitales públicos en lugar de derivarlos a las clínicas concertadas y advirtieron de que algunas comunidades autónomas no están cumpliendo la legislación de la misma manera. Incluso en algunas, como Baleares, la mujer debe adelantar el dinero.

La reunión no sirvió para darles tranquilidad, sino todo lo contrario. Tras el encuentro, emitieron un comunicado en el que dejaban entrever que la cartera de servicios básicos de la Sanidad que prepara el Ejecutivo podría dejar fuera la interrupción del embarazo. Si saliera de la cartera básica, pasaría a la cartera complementaria de las comunidades autónomas, quedando sujeto a la garantía previa de suficiencia financiera de cada comunidad en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. Otras de las intervenciones que podrían quedar fuera son las vasectomías, los tratamientos de fertilidad o los cambios de sexo.

Falta de consenso
Asimismo, ACAI aseguró que Sanidad justifica las irregularidades derivadas de la aplicación de la ley por el hecho de que «vienen dadas por la falta de consenso entre el anterior Gobierno y las comunidades encargadas de la aplicación de la norma». «Las comunidades no sienten como suya la ley», reconoció Pérez Castellanos, según ACAI, que presupone que será el Consejo Interterritorial de Salud quien aborde las disfunciones de la norma cuando «llegue el momento».

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad matizaron que se está analizando la cartera básica de servicios para ver qué servicios se incluyen, pero que no se ha tratado nada específico sobre el aborto. La agencia estatal que evalúa la cartera básica emitirá una serie de recomendaciones que el Ministerio tendrán en cuenta a la hora de tomar la decisión. De hecho, además del aborto, son muchas las incógnitas sobre los servicios de la cartera.

Horas después del comunicado, el presidente de ACAI, Santiago Barambio, puntualizó que la entrevista con Pérez Castellanos «fue muy corta y la representante del Ministerio de Sanidad explicó que esta prestación, como cualquier otra, podría quedar fuera de la cartera de servicios». No obstante, a Barambio le quedó claro que «el aborto no es una prestación prioritaria para Sanidad y tampoco parece para las comunidades autónomas de tal forma que Sanidad abordará el asunto cuando toque. Más aún, incluso nos dejó claro que era una cuestión del Ministerio de Justicia y de Interior. En definitiva, sacamos en conclusión que Sanidad va a dejar las cosas tal cual están».

En realidad, no es un asunto proritario para Sanidad porque Ana Mato está a la espera de que Justicia saque adelante la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, de la que lo único que ha trascendido es que cambiará los plazos por supuestos y que eliminará la posibilidad de que las chicas de 16 años puedan tomar una decisión tan complicada sin el conocimiento y autorización de sus padres o tutores. Por ello, ACAI anunció que pedirá un encuentro a los representantes de Justicia para conocer los términos en que se pretende realizar dicho cambio normativo.

Otros «lujos»
CAMBIO DE SEXO
Sólo la comunidad autónoma de Andalucía subvenciona las operaciones de cambio de sexo.
VASECTOMÍA
Sanidad pretende que deje de financiarse como método anticonceptivo. El interesado deberá justificar una patología.
INSEMINACIÓN
Algunas comunidades autónomas barajan excluir o limitar esta prestación de sus carteras de salud.
TABACO
Baleares, Castilla y León, Navarra y La Rioja ofrecen tratamientos de deshabituación tabáquica.