Rita Barberá defiende frente a Salgado las cuentas saneadas de Valencia

Haciendo números y esgrimiendo datos positivos es en lo que ocupa sus días la primera edil. La última cifra para demostrar lo que viene afirmando desde hace meses acerca de la solvencia de su Gobierno hace referencia al ahorro neto, que el año pasado cerró con un balance positivo de más de 64,5 millones. Es decir, que los ingresos superan a sus gastos corrientes.

Pero no sólo eso, Barberá ha hecho públicos los principales parámetros gracias a los cuales debería sacarse de la lista de «no solventes» al Ayuntamiento de Valencia y entre los que destaca un remanente de tesorería positivo, el superávit de 2009 o la «seriedad y rigurosidad» a la hora de sufragar las deudas con proveedores.

Medidas legales
Así que, con estos datos «y cumpliendo» con la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que marca el límite legal del endeudamiento sin autorización en el 110 por ciento de los ingresos corrientes, Barberá tenía muchos planes. Ideas y proyectos que ahora deberán aplazarse a la espera «de un nuevo bandazo» del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, o cuando prosperen las medidas legales que estudia contra la Ley de Presupuestos del Estado de 2011 si incluye la última modificación anunciada por el Gobierno sobre el endeudamiento local. «Hasta La Haya si es preciso», anunció Barberá. Y es que la alcaldesa valenciana no entiende por qué «gestionando de acuerdo con la Ley» se les «castiga» de este modo. «Quien no cumple con sus deberes es el Gobierno».

No obstante, la alcaldesa quiso dejar claro que la decisión del Gobierno central sólo afecta a las inversiones y no a los gastos corrientes, por lo que las áreas de lo social no peligran. De hecho, ayer mismo, y tal y como hizo el año pasado, la Junta de Gobierno aprobó destinar 900.000 euros del presupuesto municipal a la compra de alimentos básicos para que diversas entidades de iniciativa social los repartan entre los más necesitados.


Medida contra los consistorios del PP
- El coordinador económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, criticó ayer la decisión «errática» y «arbitraria» del Gobierno de prohibir a los ayuntamientos asumir un nuevo endeudamiento en 2011 y denunció la «discriminación política» que supone la medida porque «parece» que va dirigida «claramente a las ciudades gobernadas por el PP».
- Desde el PP reconocen la necesidad de «disciplinar» las finanzas públicas del país, pero reclamó que no se haga de la forma «arbitraria» adoptada «una vez más» por un Gobierno que va dando «bandazos». Finalmente, Montoro calificó de «inadmisible e intolerable» esta medida porque llega a revestirse de «discriminación política y no de rango económico».