Retroceso democrático

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El Comité Federal del PSOE aprobó por asentimiento, o lo que es igual sin un simple reparo o acotación, la candidatura del tránsfuga Agustín Navarro a la Alcaldía de Benidorm. Navarro participó, junto a la madre de Leire Pajín, Maite Iraola, en una operación de asalto al poder en la localidad alicantina para alterar la voluntad de los ciudadanos que habían otorgado su confianza mayoritaria al PP. En la cúpula socialista nadie podía aducir desconocimiento por el refrendo conjunto de las candidaturas socialistas puesto que era público que Navarro había sido propuesto por el comité local del PSOE y apoyado posteriormente por la Ejecutiva provincial y regional del partido. La decisión socialista ha supuesto un incumplimiento no sólo de la letra del Pacto Antitransfuguismo, sino también, y lo que es peor, de su espíritu democrático. El compromiso, firmado por los principales partidos políticos en 1998 y que ha sido renovado y fortalecido en distintas ocasiones desde entonces, expresa los límites de lo permisible cuando asegura que los firmantes se comprometen a «no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas» y a no respaldar «ninguna iniciativa que provenga de los mismos». Pero al apoyar ahora al tránsfuga de Benidorm es evidente además que existió en el PSOE una voluntad premeditada de burlar la Ley. La responsabilidad es todavía mayor por el hecho de que el respaldo a Navarro se adoptó pocos días después de que el PSOE y el PP presentaran en una comparecencia conjunta un acuerdo para la reforma de la Ley Electoral que pretende «desactivar» el poder de los tránsfugas a la hora de presentar mociones de censura en los ayuntamientos. En estas circunstancias, no puede sorprender la reacción del PP, que recriminó ayer por carta a Zapatero haber roto el Pacto. Se trata de una respuesta razonable y ajustada a un comportamiento político que ha justificado el fraude en las instituciones democráticas. La actitud desleal de los socialistas sólo puede reconducirse con una rectificación inmediata. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, trató ayer de reconducir el desaguisado con una propuesta equívoca de que todos los alcaldes que han sido declarados tránsfugas sean retirados de las listas electorales de mayo de 2011, pero eludió la crítica a su partido y, en cambio, sí intentó corresponsabilizar al PP de la delicada situación del Pacto en una actitud reprobable. Pese al ruido del PSOE, en un intento de confundir a la opinión pública, la realidad es que la técnica del ventilador y las acusaciones al PP no funcionarán. Fueron el Gobierno y el PSOE quienes respaldaron la operación de Benidorm y legitimaron un método de hacer política que repugna al ciudadano y adultera la voluntad popular. La izquierda ha embarrado la vida institucional y ha mandado el pésimo mensaje a la sociedad de que todo vale para alcanzar el poder. Estas maniobras son las que acentúan la desconfianza en la clase política y socavan su credibilidad. Los dirigentes socialistas tienen en sus manos limpiar la vida pública de logreros y chantajistas o erigirse abiertamente en sus cómplices y protectores.