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A mediados de julio

Lo que pasó el 13 de julio de 1936 constituyó un verdadero símbolo de una época especialmente trágica. El 16 de febrero, tras unas elecciones irregulares, el Frente Popular se hizo con el poder. Dio inicio así un proceso revolucionario que el 16 de junio, Gil Robles denunció ante las Cortes señalando que, entre ambas fechas, había tenido lugar la destrucción de 196 iglesias, de 10 periódicos y de 78 centros políticos así como 192 huelgas y 334 muertos. Aquel día, otro de los diputados más representativos de las derechas, José Calvo Sotelo, abandonó la sede de las Cortes con una amenaza de muerte sobre su cabeza pronunciada por diputados del Gobierno y de las izquierdas. No se trató de un anuncio fruto del acaloramiento. De hecho, la decisión de asesinar a Calvo Sotelo la había tomado la masonería el 9 de mayo de 1936, tal y como relataría en 1978, el masón Urbano Orad de la Torre ya que el político de derechas había denunciado su infiltración en el aparato del Estado. A la sazón eran masones el presidente de la República, el jefe del Gobierno, el presidente de las Cortes, el ministro de Estado, el ministro de Marina, el director general de Seguridad –del que dependían las fuerzas de Orden público– o el jefe del cuartel de Pontejos. También lo era el capitán Fernando Condes, jefe de un grupo de policías que se dirigió a casa de Calvo Sotelo con la intención de detenerlo a mediados de julio. No contaban con orden de detención ni de registro, pero realizaron ambos. El mismo Calvo Sotelo –quizá porque no deseaba que asesinaran a su familia si se resistía– aceptó marcharse con los secuestradores a pesar de la ilegalidad de los hechos y de contar con inmunidad parlamentaria. Mientras subía al vehículo, mencionó: «¿No me irán ustedes a pegar dos tiros?». Efectivamente, le dispararon en la nuca y abandonaron el cadáver en una cuneta. El crimen lo habían perpetrado miembros socialistas de las Fuerzas de Seguridad del Estado que formaban parte de la escolta de Indalecio Prieto quien se apresuró a protegerlos. Cuando Julián Zugazagoitia, el director de «El Socialista», se enteró de quiénes eran los autores del asesinato comentó: «Este atentado es la guerra». El que el asesinato hubiera sido predicho en las Cortes por el presidente del Gobierno sólo sirvió para convencer a millones de que el Frente Popular perseguía repetir unos acontecimientos semejantes a los que había padecido Asturias cuando en octubre de 1934 el PSOE y la Esquerra se alzaron contra el Gobierno. Así, se limaron las últimas diferencias existentes entre los que pensaban que había que acabar con el Frente Popular mediante un golpe antes de que éste diera muerte a «media España que se resiste a morir». Tres días después estallaba la Guerra Civil. Gracias a Dios, todo eso sucedió hace años y nunca pasaría en la España de ZP. Ahora, nunca se produciría la detención ilegal de un político de la oposición; nunca el Ministerio del Interior protegería a policías implicados en un atentado negándole documentación a un juez; nunca se sancionaría a un medio de comunicación sin previa decisión judicial; nunca la Policía avisaría a unos asesinos para que pudieran huir; nunca se obstruiría la investigación de un crimen. Nunca y menos a mediados de julio.