El juez pide la imputación de la alcaldesa de Alicante por cohecho

Valencia- Dos años después de que el «caso Brugal» se desprendiese una rama para investigar la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el juez ha solicitado la imputación de la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi. Por su condición de aforados –ambos son diputados de Les Corts–, el caso debe pasar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El magistrado instructor será Juan Climent.

El juez, Manrique Tejada, ve en Castedo y Alperi indicios de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Especifica que en la actual fase, la de instrucción, no se puede concretar el tipo de cohecho, pero todo apunta a que este delito pueda darse como consecuencia de la «percepción y/o solicitud de dádivas por parte de Castedo y Alperi al facilitar información que no debía ser pública del PGOU». En su razonamiento, añade que «incluso procedieron a modificar el mismo prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado».

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró ayer que cuando pueda declarar ante el juez se demostrará que las «imputaciones son falsas» y lamentó que en los últimos dos años haya sufrido una «condena mediática».

Sobre dejar su cargo o su escaño, ni palabra.

UN MINI A CAMBIO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Manrique Tejada, el juez a cargo de la instrucción del «caso Brugal», sospecha que a cambio de filtrarle información privilegiada sobre el Plan Urbanístico de Alicante, el constructor Enrique Ortiz le regaló un Mini a la alcaldesa Sonia Castedo. Ahora será el TSJ el que investigue esta supuesta «dádiva», que al parecer no es el único presente que recibió la primera edil. En el sumario hay varias conversaciones registradas con el Mini como tema principal.