Bruselas
El PP fuerza al PSOE a decir si apoya el Estado autonómico
El PP ha medido al milímetro cada una las propuestas de resolución que someterá a votación de la Cámara la semana que viene en el remate final del Debate del Estado de la Nación. El jueves, Mariano Rajoy se encargó del último filtro.
Primer objetivo: poner en dificultades al PSOE por sus contradicciones, bien por la cuestión territorial y el pulso con el PSC, bien por su obligada renuncia al discurso social por los duros ajustes exigidos desde Bruselas. Segundo: buscar complicidades en el terreno económico con las minorías, sobre todo con CiU, y con PNV. En lo que afecta al primer objetivo sobresale una genérica e inocua moción en defensa del Estado autonómico derivado de la Constitución. Ni una alusión a Cataluña o al Estatuto o a la manifestación contra la sentencia. Todo políticamente correcto, pero está por ver si los socialistas pueden sumarse a lo que, en una situación normal, sería la reivindicación de la obviedad. Si no lo hacen, habrá noticia y el PP cuenta con ello. Los populares instan al Gobierno a «preservar y restablecer los consensos constitucionales sobre nuestro modelo del Estado de las Autonomías como proyecto común de futuro que garantiza la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad de los españoles», y a «cumplir la Constitución». El núcleo de las mociones se ajusta al guión económico que Rajoy dejó a un lado en su «cara a cara» con Zapatero para golpear y golpear la imagen del presidente. Y aunque la música es conocida, en la letra hay alguna novedad que tiene su alcance. Lo más significativo es cómo el PP se envuelve de nuevo en la bandera del discurso social para llegar incluso a proponer que se establezca el marco para impedir que el Gobierno pueda aprobar reformas de manera unilateral que afecten a los derechos sociales básicos sin un gran consenso nacional en el que participen todas las Administraciones afectadas. Por supuesto, en su papel de «Robin-Hood» el PP pide de nuevo que se restituya el poder adquisitivo a los pensionistas, y la prestación de 500 euros anuales para las familias con hijos menores de tres años con recursos inferiores a 11.000 euros anuales, que sufrió el tijeretazo.Y hasta hay una «propina» para la ministra de Defensa, Carme Chacón, en una propuesta de resolución que se hace eco del generalizado malestar de los militares con la Ley de Carrera Militar, de la que el PP urge una modificación.Somete a votación el veto al burkaLa guinda de la tarta de los populares no es económica, pero mueve pasiones casi con tanta fuerza como las cuestiones que afectan al bolsillo. A rebufo de la votación que el PSOE perdió en el Senado sobre la prohibición del burka, los populares trasladan el debate al Congreso para provocar una votación del Plenario. En concreto, el PP defiende que en todos los espacios o acontecimientos públicos se prohíba el uso del velo integral y de cualquier atuendo que oculte el rostro y dificulte la identificación de la persona.
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