Los médicos de familia objetarán para atender a los inmigrantes

VALENCIA- Los médicos valencianos se acogerán a la objeción de conciencia, a título individual, para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que ya sean pacientes suyos. Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), con unos 22.000 socios, los galenos muestran su rechazo a los recortes del Gobierno que incluyen la retirada de asistencia a los «sin papeles» desde el próximo mes de septiembre. No obstante, sí aceptan las limitaciones en la prestación impuestas por el Gobierno para el colectivo de inmigrantes «potenciales» o «que están por venir», pero insisten en que no se puede hacer con los que ya están siendo atendidos «porque es cambiar las reglas del juego a mitad de partido».

Y es que el grupo de trabajo de Bioética de la SemFYC defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer. Al respecto, el presidente de esta organización, Josep Basora, declaró ayer que dejar de atender a personas que hasta ahora habían gozado de ese derecho plantea «un conflicto ético» y pone a los médicos en una tesitura importante. Según este colectivo viven como un verdadero conflicto ético dos lealtades que chocan, la que debe al Servicio de Salud y la que merece el paciente.

Por ello, los responsables de esta sociedad han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique el Decreto que regula tal recorte , pues si no lo hace «la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de conciencia», un derecho básico, que «no puede ser perseguido por las instituciones públicas».

Desde SemFYC se va a informar y asesorar a los socios que quieran objetar y se les va prestar todo el apoyo necesario. De hecho, se va a crear una Red de Médicos de Familia alrededor de la objeción de conciencia, una especie de registro que recoja la voluntad de los médicos que quieran objetar y cuya copia llegará a los respectivos servicios de salud.

Según Abel Novoa, del Grupo de Bioética, el Decreto limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados a los casos urgentes, lo que deja en manos del profesional una responsabilidad que no le corresponde, la de ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda. A su juicio, la medida, además, va a tener consecuencias económicas, ya que la atención primaria es más barata que las urgencias y, también organizativas, al trasladar el flujo de inmigrantes desde un servicio a otro con los consiguientes problemas de colapso.