Anticorrupción pide fianzas por 285 millones para los 14 primeros intrusos

Sevilla- La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, que imponga fianzas por un total de 2.850.000 euros para el primer grupo de 14 «intrusos» –presuntos prejubilados irregulares en empresas beneficiadas por ayudas públicas– que ya han prestado declaración ante el tribunal.
En una comparecencia celebrada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía explicó que la cuantía mencionada debe cubrir «la devolución de cantidades ilícitamente obtenidas que ellos han recibido», sin menoscabo de que en el futuro dichas medidas cautelares «puedan ser aumentadas», si se descubriera que «han obtenido nuevos enriquecimientos ilícitos» o que han ayudado a otros a lograrlos.

Entre las peticiones de la Fiscalía destaca la vinculada a Antonio Arquero García, vecino de El Pedroso (Sevilla) y viejo amigo del ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero –también imputado–, para quien ha solicitado 570.000 euros, dado que firmó dos pólizas por las que el Gobierno andaluz se comprometió a pagarle más de 421.000 euros.

Reseñable es también la cuantía apuntada en el caso de Alejandro Millán Torres, un militante del PSOE del mismo municipio sevillano, cuya defensa argumentó que entendió que los 455.508 euros que percibió de la Junta, le habían sido concedidos, «a su entender, de manera legítima», como en el caso de su otro cliente, Andrés Carrasco Muñoz. Además, el letrado dijo en su intervención compartir «el criterio» de Alaya de que «es un agravio comparativo», a la luz de la investigación, exigir fianza «a los beneficiarios» de las ayudas y «no a los que se las han concedido, por el mero hecho de que todavía no han declarado».

La generalidad de los abogados defensores de los «intrusos» se opusieron a las medidas cautelares arguyendo la falta de conciencia de culpabilidad de sus clientes, según consta en el acta de la audiencia consultada por LA RAZÓN. En el caso concreto del ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, su representante legal alegó dos razones para oponerse a la petición fiscal: en primer lugar que Rosendo «no puede ser calificado como ‘intruso' en ningún ERE» y en segundo lugar que éste ha colaborado con el juzgado y depósito –el pasado miércoles– los 112.900 euros percibidos como beneficiario de una póliza de Fortia Vida.

Por su parte, la letrada de María del Carmen Fontela, sevillana prejubilada con cargo al ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 e incluida también en el ERE de Mercasevilla de 2003, a quien se le exigen no menos de 200.000 euros de fianza, mantuvo que su cliente no ha tenido «colaboración activa» en los presuntos delitos. Recordó, asimismo, que han pedido que se investigue la posible falsedad de la firma «estampada en el contrato de apertura de cuenta» a través de la que se habrían recibido las cantidades supuestamente ilegales. Cuenta que abrió un vecino suyo, vinculado a la aseguradora que tramitó los ERE. Para la propietaria de Río Grande, María del Carmen García, se le reclama un aval «solidario» de 200.000 euros.

Según reza en el acta, la Junta, personada como acusación, no sólo se sumó a la petición de la Fiscalía, sino que planteó que se eleven las cuantías para Juan Manuel López –de 75.000 a 150.000 euros–; Rafael Rodríguez –de 110.000 a 350.000 euros–; y Francisco de Paula –de 120.000 a 250.000 euros–. Alaya, quien investiga un centenar de ayudas irregulares, resolverá en los próximos días sobre estos pagos.

Cantidades recogidas en acta
- La menor cuantía pedida por la Fiscalía ha sido para el «intruso» Juan Manuel López Espadas y es de 75.000 euros.
- Anticorrupción solicita para José Antonio García una de las cifras más elevadas: 270.000 euros.
- Para Rafael Rodríguez, quien declaró no saber lo que es un ERE –está ligado al de Saldauto pese a no haber trabajado nunca allí–, no menos de 110.000 euros.