Murcia recurre al Constitucional la reforma de la Ley de Aguas

MURCIA- El Gobierno regional presentará el próximo lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que éste descompone el principio de unidad de cuenca y otorga a regiones como Andalucía competencias que realmente son estatales en materia de control y vigilancia de los ríos.

Así lo dio ayer a conocer el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, quien rechazó que el control de las aguas que ahora tiene el Estado pase a manos de las comunidades autónomas que así lo han incluido en sus estatutos de autonomía. «Los ríos deben ser gestionados por el Gobierno central», insistió el titular de Agua, quien a principios del pasado mes de octubre, tras reunirse con los regantes del Tajo-Segura, destacó el compromiso del Ejecutivo murciano de asumir la petición de éstos y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas.

En este sentido, el responsable autonómico aseguró ayer que lo que piden los regantes murcianos es compartido en su integridad por el Gobierno regional, a entender que el agua «es un recurso de todos los españoles». Al mismo tiempo que apuntó que debe seguir siendo gestionado en su totalidad por el Estado español y no por la región por la que pase el agua.

No obstante, Antonio Cerdá expresó su confianza de que finalmente no sea necesario esperar a una resolución del Tribunal Constitucional porque se derogue el texto por el nuevo Gobierno que salió el domingo de las urnas.

De esta manera, la Comunidad actuará en la misma línea que lo ha hecho la Comunidad Valenciana, después de que las Cortes Valencianas aprobaran interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa misma disposición del Decreto-Ley que modifica la normativa hidrológica, en tanto que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) instó ayer a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava, a adoptar la misma medida en el plazo de tres meses.