Barcelona
El Govern no dará nuevos servicios de salud estatales si el Gobierno no paga
El conseller de Salut, Boi Ruiz, presentó ayer las directrices básicas de su departamento para los próximos cuatro años y advirtió de que la Generalitat «se negará a asumir nuevas prestaciones sanitarias impuestas por el Gobierno si no vienen acompañadas de más recursos».
Con un discurso basado en la austeridad y la optimización de recursos, Ruiz fue contundente al presionar al Gobierno para que facilite más recursos para la sanidad catalana y señaló que es «inadmisible que las prestaciones ordenadas por el Ejecutivo lleguen sin la ayuda económica correspondiente». El aviso del conseller tuvo lugar cuatro días antes de la reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el president de la Generalitat, Artur Mas, y después de pedir que el Estado traspase a la Generalitat los edificios de la Seguridad Social, como el Hospital Vall d'Hebron, para poder obtener financiación con una operación de venta y recompra.
Sin dinero
Ruiz puso como ejemplos de estas prestaciones el aborto, la podología y la atención bucodental. El conseller reclamó al Gobierno el dinero necesario para desarrollar estos servicios y denunció que estas ayudas aún no han sido transferidas. El titular de Salut aclaró que estos servicios seguirán prestándose.
También aseguró que la Generalitat seguirá adelante con la Ley del Aborto, pero reivindicó las ayudas correspondientes, que según dijo ascendieron en 2010 a unos catorce millones de euros. Ruiz insistió en que «tenemos que revisar todas las prestaciones sanitarias, no para eliminarlas, sino para adecuarlas a los recursos que tenemos, no nos planteamos no dar cobertura». La gestión del departamento en los próximos años se basará en la eficiencia y optimización de recursos, teniendo en cuenta que el sector arrastra un déficit de 850 millones. Salut quiere apretarse el cinturón, por lo que el conseller presentó un paquete de medidas para paliar la maltrecha sanidad catalana.
Una de estas medidas, que puede ser polémica, es que los empleados de la sanidad pública deberán trabajar más horas. Según Ruiz, «con las 35 horas semanales el sistema es insostenible». «Hemos de ser conscientes de nuestras dificultades, necesitamos el compromiso de todos», dijo. Otra medida será la entrega de una factura informativa a los usuarios de los ambulatorios, para que conozcan el coste de sus medicamentos y tratamientos.
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