La Junta instará al Gobierno a cambiar la norma para evitar el cierre de minas

VALLADOLID- El Gobierno Herrera planteará al Ejecutivo central central la negociación en Bruselas para un cambio en la normativa que regula el régimen actual de la minería y que contempla ayudas para el cierre de las explotaciones en 2018. «No es lógico que se haya programado un marco para abandonar la actividad, algo que ocurrirá seguro, si las que pueden ser viables se ven obligadas a devolver este dinero». Así lo explicaba el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, durante su participación en «Los desayunos de Ical».

«Hay que graduar las ayudas y no obligar a devolverlas, porque si no es mejor no darlas. Con la industria no hay que tomar decisiones políticas, sino hacer política industrial», sostuvo Villanueva, a lo que añadió que llegando 2018 muchas empresas «pueden seguir siendo competitivas sin ayudas, pero siempre que no les obliguen a un calendario muy decreciente de ayudas y a no devolverlas».

El consejero regional reiteró que la Junta desea que las compañías mineras sigan extrayendo carbón más allá de 2018 y recordó que existe un decisión reciente del Consejo de Ministros europeo que determina la concesión de ayudas hasta dicho año, lo que significa «que no continúen a partir del mismo, algo que puede ocurrir si son competitivas».

Apuesta por la competitividad
De esta forma, apostó por «darle la vuelta» a esta decisión, e incluso señaló que los deseos del propio Europarlamento «se deberían trasladar al Consejo y cambiar algunos puntos, no todo». «Si no quieren ayudas a partir de 2018, que no las haya, pero que no les obligen a devolverlas; y que el calendario se gradúe, se haga menos agudo y hablemos de ayudas para hacer competitivas a las empresas», explicaba.

Villanueva estimó que todo lo que se ha hecho en este tipo de política tiene «sentido empresarial, con grandes proyectos», pero de repente «se da un giro y se hace inviable aquello en lo que estábamos invirtiendo». «No tiene ningún sentido y convendría poner orden ahí», conminó, para recordar que España es un país «muy dependiente» del exterior, aunque está trabajando hacia el carbón limpio y desarrolla proyectos «muy avanzados en la investigación de recuperación y almacenamiento de CO2» o inversiones en plantas de sulfuración.

Castilla y León cree necesario, dijo, mantener energías con materia prima autóctona, recursos propios como en las renovables, «exigentes con el medio ambiente y en la captura de CO2, cumpliendo normativas internacionales, pero posibilitando que a un sector muy reestructurado como el carbón, que ha reducido mucho su producción y en personal a través de la paz social y de forma consensuada, «no se le marque la fecha de cierre ahora que puede coger estándares competitivos». «En el caso de que no se corrija, en 2018 presenciaremos al cierre de la minería», lamentaba Tomás Villanueva.

Energías renovables
Sin abandonar el sector energético, Villanueva también tenía palabras para las renovables, que cuentan en Castilla y León con una estrategia general «francamente buena» en el desarrollo de bioenergía, «con gran recorrido y posibilidades en eólica», un subsector de que el consejero de Economía anunció que la Comunidad pretende duplicar sus capacidades actuales.

El consejero de Economía destacaba que Castilla y León cree en las renovables «no sólo desde el punto de vista de la generación, sino también desde el industrial», si bien criticó que durante los últimos años el Gobierno central «ha conseguido parar la actividad» en el sector.

También apostó por definir bien «la política energética y el mix de producción de este país», así como conocer el reparto cocreto entre térmicas, nucleares, renovables, gas o hidroeléctricas.