La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ordenó ayer paralizar la expulsión de España de 17 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero hasta que resuelva el recurso que interpusieron contra la decisión del Gobierno de devolverlos a su lugar de origen. La decisión del tribunal se ha producido después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciara que «previsiblemente se está preparando» la expulsión de los saharauis, ya que en las últimas horas habían sido trasladados desde Fuerteventura a Gran Canaria.

Por ello, el tribunal acuerda comunicar «telefónicamente y por fax» su decisión a la Administración «a los efectos de que se suspenda de inmediato cualquier actividad material de ejecución de la expulsión». El recurso ante la Audiencia Nacional fue interpuesto a raíz de que el Gobierno rechazara las peticiones de asilo de esos 17 saharauis, miembros de un grupo de 22 personas llegadas el 5 de enero a Fuerteventura en una lancha neumática y entre las cuales 5 sí han conseguido que se tramiten sus solicitudes de refugio.

El principal argumento para solicitar el asilo es el «alto riesgo» que corren todos si vuelven a El Aaiún, motivo en el que se han basado para reclamar a la Audiencia la aplicación de una «medida cautelarísima» de suspensión de los trámites de expulsión antes de entrar a pronunciarse sobre el fondo de las solicitudes de los 17 afectados. Precisamente, el tribunal dictó el pasado día 21 otra providencia en la que señalaba que no podía decidir sobre esa petición hasta que los saharauis nombraran un procurador que les representara, para lo que les dio un plazo de diez días.

Mientras los magistrados se reunían ayer para decidir si paralizaban la expulsión, CEAR denunciaba que el traslado de los saharauis al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria podía obedecer al propósito de «acceder de una manera más fácil a las líneas aéreas y a los vuelos que puedan existir con El Aaiún», adonde hipotéticamente serían enviados. Sin embargo, fuentes de Interior han asegurado a Efe que esperaría a que se pronuncie la Audiencia Nacional.