El futuro del cumplimiento del déficit presupuestario de España será posible, finalmente, gracias al acuerdo histórico adoptado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sólo Asturias, que carecía de presupuestos y todavía debe formar gobierno, no ha pasado la criba y tendrá que presentar un nuevo plan en 15 días. Sus duras quejas ante la advertencia que hizo en su momento el ministro Montoro carecieron ayer del imprescindible respaldo contable. El resto de las comunidades autónomas presentó sus planes financieros que respetan el tope de un 1,5% de déficit para este año. Las comunidades autónomas se comprometieron a realizar un ajuste de 18.349 millones de euros en 2012. Un propósito imprescindible ante la gravísima situación financiera del país, con la prima de riesgo en la zona roja y los intereses que debemos pagar por nuestras emisiones de deuda en una escalada insoportable para las arcas públicas. Aunque el Ejecutivo estaba obligado a ser inflexible en este asunto, el incumplimiento de Asturias no es una buena noticia, pues en el exterior, sobre todo en la Unión Europea, ya se identifica el sistema autonómico con un lastre. Ayer mismo, la agencia de calificación Moody's rebajó a la categoría de «bono basura» la deuda de Cataluña y Murcia. Y eso que ambas sí presentaron ayer ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera las cuentas bien hechas. La intervención en Asturias, a menos que el nuevo Gobierno cumpla las exigencias de Hacienda, es la única solución posible, pues debe transmitirse a los mercados una imagen de seriedad y credibilidad. Es, por el contrario, una buena noticia que el resto de las regiones, y sobre todo Andalucía, haya despejado finalmente las dudas y presentado sobre la mesa del Ministerio de Hacienda un plan creíble. Los gobiernos autonómicos tienen la suficiente capacidad para decidir dónde aplican los necesarios recortes, de forma que sean compatibles con el cumplimiento del techo de déficit en el citado 1,5%. Son ellos quienes han decidido de qué partidas se puede recortar o cómo redistribuir los ingresos y los gastos para alcanzar la meta prevista. Sin duda, los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para ayudar en el pago de las facturas pendientes han tenido mucho que ver, pero el mayor compromiso de las haciendas autonómicas viene forzado por la ley de estabilidad, que obliga a que las cuentas sean auténticas. Y éste es el único camino posible para recobrar la normalidad y superar años de descontrol en el gasto. Lo importante ayer era transmitir una imagen de veracidad y de seriedad sobre el balance financiero de los territorios y se consiguió. Lo dijo el ministro Cristóbal Montoro: «Se ha dado un paso fundamental para la credibilidad de España».Ahora, toca cumplir los planes hasta el final.