El Gobierno amplía el sistema de escuchas SITEL

MADRID- Lo dice el proverbio y por algo será: «No basta con que la mujer del César sea honesta, además tiene que parecerlo». Por supuesto que el Gobierno tiene la obligación de introducir en el Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones, conocido como SITEL, las mejoras necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y para dar cobertura al trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecución del delito.

Pero también es exigible que lo haga ajustándose a una estricta regla de máxima transparencia, en la que sólo cabe como excepción aquello que afecta de verdad a la seguridad del Estado. Estamos hablando de interceptación de comunicaciones entre ciudadanos y de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, que podrían verse afectados sin una escrupulosa utilización de los avances tecnológicos para intervenir comunicaciones e identificar a sus usuarios. El nuevo vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido siempre con ardor las garantías de SITEL y ha echado tierra sobre las críticas del PP vinculándolas al «caso Gürtel».

El proyecto licitado
En cualquier caso, cuantas menos dudas, mejor. Y eso es, precisamente, de lo que peca la adjudicación del contrato del «Proyecto de obras de reforma y ampliación de la Sala Técnica SITEL», que está en el edificio del Complejo Policial de Canillas, en Madrid. A primera vista, no cuadra el tipo de contrato ni la empresa adjudicataria, ni tampoco su coste y la partida fijada inicialmente por el Gobierno en los Presupuestos de 2010 para el funcionamiento de SITEL. El Ejecutivo licita como contrato de obra de reforma y ampliación lo que en la adjudicación se revela como la contratación de un software. El contrato de obra permite que si la actuación no supera el tope de los 200.000 euros, pueda aplicársele el modelo de «negociado sin publicidad», es decir, que la administración contratante tantee a tres empresas y sólo publicite aquella que finalmente ha sido elegida.

Todo es legal, pero en la práctica esta fórmula ha acabado convertida en una especie de cajón de sastre por el que «colar», con más discrecionalidad, determinadas decisiones que exigen la fiscalización pública.

El expediente del «Proyecto de obras de reforma y ampliación de la Sala Técnica SITEL» está clasificado dentro del apartado 45.3, que, según la ley de contratos del sector público, se enmarca en el epígrafe «instalación de edificios y obras». La sorpresa salta porque, pese a todos estos condicionantes, la adjudicación definitiva recayó en la empresa INGECIBER, especializada en ingeniería asistida por ordenador. INGECIBER tiene todo tipo de prestaciones de software para incrementar el rendimiento. Entre ellas, «cálculos por elementos finitos; consultorías y asesorías técnicas; desarrollos personalizados, desde cero o sobre programas estándar; coordinación y ayuda en proyectos de I+D+i; soporte y asistencia técnica en el uso de software; y suministro de los mejores programas de simulación». Pero nada de esto parece en principio que sea útil para reformar y ampliar una sala técnica. En resumen, lo que hay es una oferta de contrato de obras para la ampliación de la habitación de la máquina de SITEL, por importe de 207.008,62 euros, que se adjudica a una empresa de ingeniería de software, por 181.727,87 euros. También hay margen para la duda en el ámbito presupuestario. En los Presupuestos Generales del Estado de 2010 se recogen dos partidas para SITEL, una por importe de 14.000 euros, y otra de 48.000 euros. Sumadas, alcanzan la cifra de 62.000 euros, muy inferior a la oferta de INGECIBER que fue finalmente aprobada por la Plataforma de Contratación del Estado. ¿De qué partida sale entonces el dinero?

Las inversiones proyectadas en el polémico método
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que tramita el Congreso, recoge las cantidades que el Gobierno prevé destinar a SITEL en los próximos cuatro años. El dinero se reparte en dos partidas que, en total, establecen una inversión el próximo año de más de 62.000 euros. La proyección para 2012 es de 57.000 euros; para 2013, 52.000 euros; y la misma cifra en 2014. SITEL está a disposición de la Policía y de la Guardia Civil desde 2004 para intervenir llamadas por orden judicial. La polémica sobre las escuchas y su custodia arrancó el verano de 2009 a raíz de unas acusaciones formuladas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y se agravó en noviembre de ese año cuando los populares colocaron en el centro de la diana el funcionamiento de SITEL con la denuncia de que no contaba con los controles suficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Tanto creció el «fuego» que llegó hasta al Congreso a través de una proposición no de ley del PP en la que se pedía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar su regulación: fue rechazada. La respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma: «Todas las interceptaciones se hacen bajo orden judicial y SITEL ya funcionaba con Aznar».

Los «papeles» de la adjudicación
A la izquierda (foto 2) aparece la reproducción de la oferta de contrato para el «Proyecto de obras de reforma y ampliación de la Sala Técnica SITEL», en la que se especifica su cuantía y que se ajusta al modelo de «negociado sin publicidad». Y, a su lado, el anuncio de la adjudicación definitiva a la empresa de ingeniería de software INGECIBER, S. A. Al final, la oferta total alcanza el importe de 154.006 euros, sin impuestos, y de 181.727 euros, una vez sumados los impuestos correspondientes a esta actuación.