Abusivo Estado de Alarma

La extinción legal del Estado de Alarma a las doce de la noche de ayer, unida a la desmilitarización del tráfico aéreo acordada el viernes por el Gobierno, pone fin a un episodio que ha sentado un importante precedente en nuestra historia democrática. Nunca antes se había recurrido a medidas tan excepcionales para abordar un conflicto laboral que afectó a medio millón de pasajeros, ni siquiera en los momentos más críticos que ha atravesado España los últimos treinta y cinco años. Aunque sólo fuera por eso, por el carácter inédito y excepcional de una decisión que ha forzado las costuras constitucionales hasta el límite, era de esperar que el Gobierno rindiera un balance público más explícito y convincente de la larga cuarentena a la que ha sometido el Estado de Derecho. También por parte de la oposición cabía mayor interés en exigir cuentas y en ofrecer su propia versión. Por más que el conflicto de los controladores haya concitado la irritada oposición de la gran mayoría de los ciudadanos, no significa que la respuesta administrativa y legal haya sido la más adecuada ni la más eficiente. Lo cierto es que el balance de estos cuarenta y tres días no justifica la prolongación del Estado de Alarma, ni por su base jurídica ni por sus resultados. Es verdad que la militarización del espacio aéreo y el decreto de las medidas de emergencia cortaron de raíz la huelga salvaje de los controladores. Pero no ha quedado claro que el recurso al Estado de Alarma fuera impecablemente constitucional y, menos aún, que su prolongación hasta el 15 de enero fuera estrictamente necesaria, pues los propios controladores se habían comprometido por escrito a no hacer huelga. En cuanto a los resultados obtenidos, los hechos hablan por sí mismos: no se ha resuelto el conflicto laboral de origen, ni siquiera se ha avanzado en las causas básicas de divergencia; los retrasos en los vuelos fueron muy superiores a lo habitual, pese al control militar; y la situación del espacio aéreo sigue tan incierta como antes del 3 de diciembre, como así lo sugiere la permanencia ordenada por el Gobierno de mil controladores militares en las torres de control. Además, resulta muy revelador el argumento que ayer esgrimieron tanto la ministra de Defensa, Carme Chacón, como el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, para avalar el Estado de Alarma: «Garantizó unas Navidades tranquilas a los viajeros». Suprema justificación que de aplicarse a todos los conflictos laborales que pongan en jaque servicios básicos, desde el Metro hasta el transporte por tren y carretera, llevaría al Consejo de Ministros a decretar el Estado de Alarma con relativa frecuencia. Preocupa que altos gestores públicos echen mano de ese tipo de excusas populistas para encubrir el fracaso de un Gobierno que ha sido incapaz de negociar y de llegar a acuerdos con el sindicato de los controladores. Y preocupa aún más que se utilice al Ejército para cubrirse las espaldas. Tiene razón Chacón cuando afirma que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles, pero no precisamente por las funciones de bombero que el Gobierno les ordena para que apaguen los incendios que él mismo provoca.