Mohamed VI se queda corto

La reforma constitucional que el rey de Marruecos ha propuesto a sus súbditos supone un apreciable avance en la senda hacia la democratización del régimen, pero arrastra todavía diversas rémoras absolutistas que ni calman las protestas de los jóvenes ni colman las ansias reformadoras de amplios sectores de la sociedad. El hecho de que el llamado movimiento 20-F, de corte similar a los que en Túnez y en Egipto han tumbado a sus respectivos gobernantes autoritarios, haya convocado para hoy manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país pone de manifiesto la insatisfacción ante una reforma que se considera corta e insuficiente. También son reveladoras, por lo que tienen de acto reflejo de los viejos usos semifeudales, las manifestaciones organizadas desde Palacio a favor del nuevo texto constitucional. Resulta inverosímil una explosión de júbilo porque el rey pase de ser «sagrado» a «inviolable». Cierto es que, si bien la división de poderes y la independencia judicial brillan por su ausencia, los cambios impulsados por Mohamed VI son positivos, pues dan cierta autonomía al primer ministro para nombrar a los ministros, salvo el de Defensa; refuerzan la Cámara de Representantes, que podrá reformar la Constitución, decretar amnistías o formar comisiones de investigación; y recortan al rey pequeñas parcelas de poder, aunque sigue dirigiendo las Fuerzas Armadas y la política exterior, amén de apuntalar su papel como cabeza religiosa o «comendador de los creyentes» musulmanes. Precisamente es en este terreno, en el religioso, donde la nueva Constitución marroquí hace agua estrepitosamente y muestra sus graves carencias democráticas, hasta el punto de que no se pueda homologar a los estándares occidentales. Es verdad que se reconoce la libertad de culto, que ya existía anteriormente, pero se declara el islam como religión del Estado y no se admite la llamada libertad de conciencia, en virtud de la cual el ciudadano es muy libre de practicar la religión que desee, cambiarla o, simplemente, no practicar ninguna ni someterse a sus ritos públicos. En el anteproyecto de reforma se recogía esta salvaguarda de conciencia, pero las amenazas de los islamistas llevaron a Mohamed VI a suprimirla. Precisamente porque en Marruecos no hay libertad de conciencia, lo que convierte en papel mojado la libertad religiosa, el régimen ha expulsado ya a casi dos centenares de cristianos, la mayoría evangelistas, pero también sacerdores católicos, bajo la acusación de hacer proselitismo e incitar a la conversión de musulmanes al cristianismo. Pero más allá de esta política represiva, destinada a satisfacer a los radicales, la cuestión de fondo es que la nueva Constitución niega la libertad individual de la persona en el ámbito religioso, de modo que es obligada a practicar la religión del Estado y a no convertirse a otra confesión, pues de hacerlo incurriría en grave delito legal. En resumen, al prohibir la libertad de conciencia, Mohamed VI sigue tratando a los marroquíes como súbditos, en vez de como ciudadanos libres e iguales. Mucho camino le queda aún al régimen alauita para ser tenido como democrático.