Familia del español muerto en el Sáhara se querella contra Marruecos

Esta es la segunda querella que se registra en la Audiencia Nacional por estos hechos, aunque a diferencia de la presentada por la Liga Española pro Derechos Humanos, que lo hizo en calidad de acción popular, va dirigida además contra el jefe de la Policía del cuerpo especial de los GUS y los agentes "todavía sin identificar que intervinieron directamente en el asesinato"de Baby Hamday.

Al igual que la ONG, el hermano de Hamday, Lammad Mulud Ali, considera competente a la Audiencia Nacional para investigar los hechos y pide que declare como testigo la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez y que se detenga de forma inmediata a los querellados -también figura el gobernador de El Aaiún- y se acuerde su prisión provisional para tomarles declaración.

Asimismo, en esta nueva querella se reclama al juez que oficie al el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, para que le remita "toda la información de que disponga"sobre las circunstancias de la muerte de Hamday, quien residió en Petrer (Alicante) durante ocho años.

Según el texto de la denuncia, desde el pasado 8 de noviembre en el "Campamento de la Dignidad"Gdeym Izik, miles de personas saharauis "han sido masacradas, perseguidas, detenidas, torturadas y asesinadas", entre ellas ciudadanos españoles o descendientes de españoles.

Entre ellas, Babay Hamday, ingeniero español con dos hijos pequeños "que ha vivido más de veinte años en el norte de España"y que "no tenía nada que ver"con el asentamiento de El Aaiún, donde trabajaba en la empresa Fosbucra.

"Cuando lo asesinaron iba camino a su puesto de trabajo en autobús, que fue interceptado por un control de policía y al comprobar que era saharaui, la policía misma lo sacó a la fuerza y una vez en la calzada de la calle un furgón policial le atropelló y le pasó varias veces por encima, dejándolo malherido, hasta que, por falta de auxilio médico, falleció", detalla el escrito.
Además, relata que la policía asaltó su coche, le robó la documentación y todo lo que había en su interior, tras lo que lo incendiaron.

Según ha explicado a los periodistas el letrado de la familia, Félix Pancorbo, que también representa a la Liga Española pro Derechos Humanos, existen "testigos suficientes que vieron, oyeron o saben lo que ocurrió"durante los disturbios y que han ofrecido su colaboración, por lo que reclaman protección para que testifiquen.

Pancorbo ha lamentado que "los marroquíes colaboran muy poco o casi nada"pero se ha mostrado confiado en que la Justicia española "le exija lo que le tenga que exigir".

La querella se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente ha sido modificada y que limita la actuación de la Jurisdicción Universal de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.