El Gobierno francés reforzado en las urnas se centra en la crisis del euro

El Gobierno francés, respaldado por una amplia mayoría absoluta de los socialistas, prepara desde hoy una mínima remodelación para afrontar una apretada agenda marcada en las próximas semanas por la crisis europea y los ajustes.

El primer paso, una mera formalidad, fue la dimisión del Ejecutivo esta mañana ante el presidente de la República, el socialista François Hollande, que volvió a encargar al primer ministro, Jean-Marc Ayrault, la formación de un nuevo Gobierno que debería presentarse el próximo jueves.


Los ministros siguen en funciones hasta entonces, en espera de la vuelta a Francia de Hollande, que tras conmemorar a primera hora del día en el fuerte del Mont Valérien, de las afueras de París, el inicio de la resistencia a la ocupación nazi el 18 de junio de 1940, voló en dirección a México para participar a la cumbre del G20.


Los analistas coinciden en que apenas habrá cambios -se ha hablado de la incorporación de un nuevo titular del Comercio Exterior-, entre otras cosas porque todos los miembros del Ejecutivo que concurrían a las elecciones de ayer salieron victoriosos, con lo que ninguno tendrá que aplicarse la regla que había fijado Ayrault de renunciar al cargo.


Un consejero del Elíseo citado por "Libération"avanzó que se esperan dos o tres ministros delegados suplementarios "de otras familias políticas que componen la mayoría", aunque el secretario nacional de los comunistas, Jean-Pierre Laurent, puntualizó hoy que no se dan las condiciones para que miembros de su partido entren en el Gobierno.


Los socialistas con sus aliados directos lograron ayer 314 de los 577 diputados, de forma que no serán imprescindibles para adoptar sus textos ni los 17 de los ecologistas (que por su parte ya tienen a una de sus dirigentes, Cécile Duflot, en el Ejecutivo), ni los 10 del Frente de Izquierdas (que incluye a los comunistas).


Eso significa que tendrán margen parlamentario para aplicar medidas impopulares forzadas por la situación de crisis, como ya lo dio a entender el ministro del Interior, Manuel Valls, que reconoció que "el rigor es necesario", pero que se aplicará con justicia. Valls, que no precisó dónde habrá recortes y señaló que no se esperan ni en educación ni en seguridad, que son las prioridades de Hollande, reiteró el compromiso de restablecer la situación de las finanzas públicas y volver al "déficit cero"al final de la legislatura, en 2017.


Para lograrlo, puso el acento en que el objetivo en primer lugar es "movilizar a nuestros socios europeos". Una referencia a las dos citas europeas cruciales que tiene Hollande, la primera el próximo viernes en Roma con la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno de España, Mariano Rajoy, y de Italia, Mario Monti; y la segunda el Consejo Europeo del 28 y el 29 en Bruselas.


El presidente francés, en un documento enviado la semana pasada a los otros líderes europeos, les ha propuesto un plan de estímulo del crecimiento económico con un presupuesto de 120.000 millones de euros que saldría de los fondos estructurales de la UE, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de bonos comunes emitidos por los veintisiete países miembros, según filtró la prensa francesa.


En el plano interior, la gran urgencia una vez que se haga pública la auditoría de las cuentas públicas a fines de mes o comienzos de julio será adoptar subidas de impuestos que permitan recaudar unos 10.000 millones de euros suplementarios para compensar el efecto sobre el déficit del deterioro de la actividad.


Los esfuerzos con "justicia"anunciados por los socialistas deberían concretarse, entre otros, en un restablecimiento del Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), la supresión de las exenciones de cotizaciones en las horas extraordinarias trabajadas o el incremento del tipo máximo en el impuesto sobre la renta hasta el 75 % para los que ganan más de un millón de euros.