La Fiscalía Anticorrupción excluye a Camps de todos los delitos que ve posibles

En la valoración de los delitos que estima el Ministerio Fiscal no se incluye al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que ni siquiera es mencionado en parte alguna de los 17 folios del escrito.
Estima el fiscal que se han podido cometer delito electoral en las autonómicas y municipales de 2007, delito de falsedad en documento mercantil, delito contra la hacienda pública, delito electoral en 2008 y delito contra la administración pública.
Respecto al primero de ellos, el electoral en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, habrían podido participar (el fiscal nunca abandona el uso del condicional): Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García, y Vicente Rambla, así como los administradores del PP Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez. También quienes finalmente fueran identificados como «el cantante» y «el príncipe» y también los trabajadores y gestores de Orange Market, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Apunta también a las empresas que pudieron pagar la deuda del Partido Popular y que son Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.
A estas empresas y a Orange Market se les podría imputar falsedad en documento mercantil.
Los delitos contra la hacienda pública los cometería Orange Market al no declarar «los ingresos recibidos de forma opaca».
El delito electoral de 2008 afectaría a los mismos que el de 2007 y a las empresas Enrique Ortiz, Facsa, Piaf, Lubasa y Sedesa.
Respecto al delito contra la administración pública, el fiscal apunta que lo podrían haber cometido delito Pedro García, Rafael Betoret y Milagrosa Martínez.
Dentro de la ambigüedad, apunta a «personas que ostentaron importantes competencias en las Conselleries y que actualmente desempeñan cargos públicos que le atribuyen aforamiento».
La Fiscalía señala, respecto a la competencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano para juzgar estos posibles delitos, que «habría de extenderse a los no aforados que participan en los mismos delitos so pena de fracturar la continencia de la causa». Además, advierte de que no hay «conexidad» entre los delitos, o sea, que una cosa son «los tres trajes» de Valencia y otra cosa bien distinta la financiación del Partido Popular, por lo que tratar de involucrar al presidente de la comunidad valenciana, Francisco Camps en algún delito que no fuera el cohecho impropio resultaría demasiado forzado.
Dice que «no se trata tanto de la conexidad delictiva sino de que la propia calificación jurídico penal de la percepción de prendas de vestir: en algunos casos, por tanto, no es una cuestión de conexidad entre distintos delitos sino de que unos y otros hechos han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la administración pública (el cohecho)», es decir, el delito por el que no se imputa al presidente Francisco Camps.

El TSJCV tenía razón
El escrito del Ministerio Fiscal, a pesar de su ambigüedad, viene a refrendar la postura del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y de su instructor, José Flors, cuando han rehusado investigar cualquier delito que no fuera el cohecho impropio. Así lo hizo a petición del PSPV en junio de 2009, y más tarde cuando el mismo partido presentó recurso de apelación. También cuando Flors rechazó citar a declarar a consellers y ex consellers. También cuando en julio de 2009 el PSPV vuelve a reiterar esta petición y más tarde, en febrero de 2010 cuando rechaza la querella del PSPV contra cargos del PP, del Consell y empresarios.