El Parlament se niega a devolver el dinero a los que no rotulan en catalán

BARCELONA- La política de multas lingüísticas va a seguir en vigor. Sin titubeos y sin marchas atrás. El PP llevó ayer al Parlament una proposición de ley con el objetivo de suprimir cuatro artículos del Código de Consumo que facultan a la Generalitat para imponer sanciones a aquellos comerciantes que no tienen sus rótulos al menos en lengua catalana, pero todas las formaciones catalanas (salvo Ciutadans) impidieron que esta iniciativa prosperara. El PP pretendía poner fin a que la administración autonómica pueda imponer sanciones a aquellos que sólo exhiben sus carteles en castellano, pero una vez más se quedó solo en defensa del bilingüismo junto a Ciutadans.

Los populares también defendieron que la Generalitat devuelva el dinero a todos aquellos que han sufrido una multa lingüística, compensándolos, además, con intereses. «Es importante que se restituya el importa de todas las multas cobradas a los empresarios y comerciantes, con el intereés legal correspondiente por el uso de la lengua oficial de su elección», subrayó la diputada del PP María José García Cuevas.

El «menosprecio» al TC
La parlamentaria del PP citó la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) para justificar su iniciativa y para reprender a la Generalitat por su política coercitiva, pero las formaciones catalanas rechazaron sus argumentos. «La actitud de la Generalitat se podría entender como un menosprecio al actual Estatut de Cataluña avalado por el TC en el que manifiesta la disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición del uso de cualquier de las dos lenguas oficiales», deploró García Cuevas.

La diputada del PP no se quedó únicamente en el plano de la argumentación jurídica, sino que quiso ejemplificar la política lingüística de la Generalitat. «En el año 2011, 2.500 ciudadanos fueron obligados por la Generalitat y en contra de su voluntad a utilizar una lengua determinada bajo la amenaza de sanciones», recordó. Dicho esto, lamentó que el gobierno catalán «no corrija su actuación».

Su iniciativa parlamentaria también proponía «dejar sin efecto todos los expedientes en tramitación que puedan imponer sanciones por el uso exclusivo de cualquier lengua oficial en el ámbito privado de las relaciones empresariales y comerciales».

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, presentó su propia propuesta de modificación del Código de Consumo, pero obtuvo el mismo éxito que el PP. «Franco multaba con 10 pesetas por no totular en español y Montilla y Mas lo harán con hasta 1 millón de euros por no hacerlo en castellano», afirmó. Por todo ello, Rivera subrayó que su formación quiere «fomentar e incentivar el uso del catalán y el bilingüismo».

Desde CiU, el diputado Xavier Dilmé negó que las dos propuestas presentadas vayan en la línea de garantizar la igualdad entre ambas lenguas: «Aquí hay un claro beneficiario, que es el castellano». Por su parte, la diputada del PSC Judit Carreras pidió tanto al PP como a C's que «no hagan demagogia» y negó que la lengua sea el principal objeto de reclamación por parte de los consumidores y usuarios. La diputada de ICV-EUiA Mercè Civit afeó a PP y C's que impulsen «debates identitarios y no traten los problemas de la gente» cuando ellos hacen exactamente eso.

El Govern aprueba una ley para convertir las cajas en fundaciones
El Parlament aprobó ayer un proyecto de ley para modificar la ley de cajas de ahorro y que permitirá transformar estas entidades en fundaciones de carácter especial con el objetivo de preservar su obra social, según explicó el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.
La transformación, que ha recibido el aval de CiU, PSC, PP y ERC y el rechazo de ICV-EUiA, C's y SI, afectará a las entidades intervenidas o fusionadas que han perdido el control de la institución financiera mediante la cual instrumentaban su actividad social. Tras la aprobación de esta modificación legislativa, las entidades dispondrán de seis meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) para acordar la conversión en fundaciones.
Mas-Colell, que presentó el texto ante el plenario, señaló que se trata de una marco legal imprescindible para asegurar la obra social, su arraigo al territorio, y la tutela de la Generalitat según marca el Estatut. El PP también ha dado su visto bueno al proyecto porque, según explicó José Antonio Coto, permite actualizar unas leyes actuales sobre cajas que están "obsoletas"y porque está en la línea de la reestructuración bancaria que ha emprendido el Gobierno.