Los hosteleros: «Mellet y Ponce nos pidieron 300000 euros como soborno»

SEVILLA- Tras la primera semana del juicio por el intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza por la adjudicación de una subvención de 900.000 euros para una escuela de hostelería, ayer llegó la hora de la verdad para los responsables del grupo de restauración, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, quienes se sentaron ante el jurado y el tribunal para dar su versión de los hechos en calidad de testigos.

En días anteriores, lo hicieron los cuatro imputados: los directivos de la lonja, Fernando Mellet y Daniel Ponce; Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla; y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas. En esta ocasión, el tono se endureció debido al tenso interrogatorio al que fueron sometidos los dos empresarios por las defensas de Ponce y Mellet, ya que trataron de demostrar que ellos sabían que tenían que pagar los 450.000 euros exigidos y que este pago era legal. En cuanto a la grabación oculta, ambos se mostraron «orgullosos» de lo que hicieron y aseveraron que «lo volveríamos a hacer».

El primero en declarar fue Sánchez Cuerda, quien certificó en repetidas ocasiones que fueron víctimas de un intento de robo y nunca iban a pagar ninguna comisión. Es más, a preguntas del Ministerio Fiscal, concretó que en las diversas reuniones mantenidas, tanto con los directivos de la lonja como con altos cargos de la Consejería de Empleo, nunca se le comunicó que debían pagar 150.000 euros por la instalación del servicio de electricidad. En dichos encuentros, en «los que siempre estaban Mellet, Rivas y Juan Lanzas», se obvió este detalle hasta la reunión del 16 de enero de 2009, cuando Ponce les dice que «hay una noticia mala y una buena», comentó Sánchez Cuerda, quien señaló que ese fue el momento en el que además les pidieron «300.000 euros como soborno». Entonces, pensó que «nos estaban robando». Una tesis que corroboró minutos más tarde durante el interrogatorio realizado por el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, quien trató de demostrar que los dueños de La Raza mantenían amistad con su defendido y con Ponce.

A medida que pasaron las preguntas, el empresario se mostró nervioso ante las mismas y al hilo de una de ellas aseguró que llevaron la grabadora «para demostrar que nos intentaban pedir un soborno». Algo totalmente distinto de lo que luego aseguró De Rojas, que dijo que no lo hizo «para obtener una prueba». Antes, su primo explicó al letrado de Rivas que éste «nunca me pidió dinero», algo que también declaró el otro testigo, pues no tenía «ningún dato objetivo de su implicación». En los mismos términos se pronunció De Rojas, pues manifestó que «desde el primer momento dijimos que ‘no'», al tiempo que señaló que siempre mantuvo la teoría de que «el dinero era para la Junta». Cuando el fiscal le preguntó si pensó que los acusados pensaban llevarse algo de la comisión ilegal respondió que «si usted me dice que vaya al Corte Inglés a robar tres abrigos, con uno o dos me quedo. No voy a poner el cuello por usted». Así, explicó que todo sucedió porque «nos vieron caras de tontos y nos quisieron estafar».

Aunque los primeros minutos se mostró relajado, también con las preguntas de Carrión se puso más tenso, pues incluso le llegó a espetar «usted no es amigo gracias a Dios». Lo mismo pienso yo, le respondió el letrado, que quiso saber con qué fin realizó la segunda grabación si Mellet les dijo días después de la primera que no tenían que pagar nada. «Grabé la grabación porque la grabé. En defensa propia, de la sociedad, de los niños saharauis y de los parados», dijo el empresario, quien puso de manifiesto que no se dedica a «trámites mafiosos».

El aspecto más espinoso llegó cuando se les preguntó a ambos por su relación con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, que es parte acusadora.En este sentido, Sánchez Cuerda reconoció, a preguntas de los abogados, que su mujer trabaja en el gabinete de prensa del Ayuntamiento. Para hoy está prevista la declaración de Juan Gallo, el abogado de la Junta Francisco del Río, el sindicalista Juan Lanzas, Agustín Barberá y Antonio Fernández.