La renovación: misión imposible

MADRID- El Tribunal Constitucional no atraviesa por uno de sus mejores momentos desde que inició su andadura en febrero de 1980. Con una imagen en entredicho, la renuncia de su vicepresidente y dos magistrados, cuyos mandatos se cumplieron en noviembre pasado, viene a contribuir a la etapa convulsa en la que está inmerso. Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, sin contar con Roberto García Calvo, fallecido en 2008, debían haber sido relevados a finales del año pasado de sus puestos a propuesta del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, la desavenencia entre PSOE y PP ha impedido su sustitución que corre a cargo del Congreso y ha provocado un retraso de tres años en la designación de los magistrados que corresponde elegir al Senado. El 11 de enero llegaron al Constitucional los cuatro nuevos miembros designados por la Cámara Alta (el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Francisco José Hernando, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos y los también catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega). Eso sí, lo hicieron con tres años de demora, algo inédito en la historia del Constitucional.
Vacante desde 2008
Gay, Delgado y Pérez Vera aterrizaron en el TC en 2001, elegidos por el Congreso. Ahora, nueve años después de su mandato, como establece la Constitución, se encuentran en funciones desde noviembre pasado, a la espera en vano de que PSOE y PP consensuen los nuevos nombramientos. Incluso ambos partidos han sido incapaces de pactar el relevo de García Calvo, cuyo puesto continúa vacante casi tres años después de su fallecimiento. El acuerdo entre ambos partidos es imprescindible para la renovación, al exigir la Constitución tres quintas partes de la Cámara Baja. El Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados que se renuevan por tercios. Un tercio es designado por el Senado, otro por el Congreso y del último tercio dos miembros son de libre designación del Gobierno y otros dos a propuesta del Consejo del Poder Judicial.
Enrocados en sus posiciones, los socialistas y los populares tiraron la toalla hace ya tiempo. Y decidieron posponer la renovación del TC que corresponde al Congreso hasta la formación del nuevo Ejecutivo, algo que, en principio, no se producirá hasta marzo de 2012, si Zapatero agota su último mandato. El principal escollo en las negociaciones que han mantenido tiene nombre y apellido: Enrique López, ex portavoz del Poder Judicial.
El diálogo entre PP y PSOE llegó a un callejón sin salida ante la negativa socialista a que se convirtiera en magistrado del Constitucional y la insistencia de los populares, que ya lo propusieron por el turno del Senado, en que sí lo hiciera. Mientras, Gay, Delgado y Pérez Vera deberán prolongar sus mandatos al menos un año desde su fin, después de que ayer Pascual Sala en una decisión rápida optara por no aceptar la renuncia de los tres a continuar por más tiempo en una situación de interinidad en el cargo.

Los choques con el Supremo
- Mesa Nacional de HB
En julio de 1999, el Constitucional anuló la condena de siete años de prisión que impuso el Tribunal Supremo a los 23 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna al considerar excesiva la pena. Todos fueron excarcelados nada más conocerse el fallo.
- La intimidad de Isabel Preysler
En 2001, el TC aumentó de 25.000 pesetas a 10 millones la indemnización a Isabel Preysler por una información en una revista al creer, al contrario de lo que dictó el TS, que vulneraba su derecho a la intimidad.
- Paternidad
El TS ratificó en 2005 una sentencia que atribuía la paternidad de un hijo no matrimonial a un hombre que no quiso someterse a una prueba biológica. Meses antes la anuló el TC.
- «Los Albertos»
El TS advirtió en junio de 2008 al TC de que se extralimitó al dictar la sentencia que absolvía a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el «caso Urbanor».
- Los herederos de Batasuna
En 2009, el TC permitió a la formación abertzale Iniciativa Internacionalista estar en las elecciones europeas desoyendo al Supremo. Lo mismo que ocurrió el pasado mes con la coalición Bildu.